Las personas que sean deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular en Nuevo León.
Por unanimidad de los presentes, el Congreso aprobó en primera vuelta la iniciativa impulsada por la Diputada Sandra Pámanes Ortiz, que es una reforma a la Constitución Política de Nuevo León, en la que se establecen las causales por las que los derechos prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.
En Tribuna, la legisladora emecista manifestó que no se puede permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia lleguen a un cargo público o de toma de decisiones.
“Establecemos simplemente lo que por derecho y obligaciones emanan de nuestra Constitución federal establecen que es que ninguna persona condenada o sancionada por violencia familiar, delitos sexuales o por deudor alimentario pueda ocupar un cargo de elección popular, de designación o cualquier función de representación política”, expresó.
“Es importante armonizar la Constitución porque la violencia de género es una de las crisis que enfrenta nuestro país, no podemos permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia contra las mujeres, niñas, niños o cualquier persona tomen decisiones que afectan nuestras vidas”.
Las reformas aprobadas por 40 votos de los legisladores, fueron a los artículos 71, 118, 158, 172 y una adición del artículo 59 Bis a la Constitución local.
La modificación a la ley establece que los ciudadanos no podrán acceder a cargos públicos o de elección son los que tengan antecedentes penales como agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y que tengan antecedentes como deudores alimentarios o porque no cumplan las obligaciones alimentarias.
“Esta reforma envía un mensaje claro”, señaló, “quienes violenten los derechos humanos no pueden ni deben gobernar”.
“Durante años agresores han encontrado en la política un refugio de impunidad, con esta reforma la violencia de género dejará de ser tolerada dentro de nuestras estructuras de poder”.
“La ciudadanía nos observa, el futuro de nuestro país y de nuestro estado nos lo reclama. No más agresores en el poder, no más impunidad, la reforma 3 de 3 contra la violencia de género debe ser aprobada”.
