Ante el incremento constante de reportes ciudadanos por ruido excesivo, la diputada Marisol González Elías, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 232 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, con el objetivo de establecer el arresto administrativo de hasta 36 horas para quienes reincidan en la generación de contaminación acústica que afecte la convivencia vecinal.

Durante la presentación, la legisladora destacó que esta medida no busca castigar, sino garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un entorno tranquilo y saludable. “Recibo quejas constantes de vecinos que no pueden dormir, concentrarse o simplemente convivir en paz por el ruido excesivo. No podemos permitir que la tranquilidad de las personas dependa del respeto voluntario de unos cuantos”, señaló.

La propuesta también incluye la reforma al artículo 9 de la Ley Ambiental, para que los municipios actualicen sus reglamentos y puedan aplicar esta nueva sanción de manera eficaz y coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.

González Elías hizo énfasis en que la iniciativa responde a la necesidad de brindar protección prioritaria a grupos vulnerables, como personas adultas mayores, niños, personas con condiciones de neurodivergencia o enfermedades crónicas, quienes presentan mayor sensibilidad al ruido. “La paz y la calidad de vida no son lujos: son derechos. Y esos derechos deben ser garantizados para todos, empezando por quienes más los necesitan”, afirmó.

La diputada advirtió que la falta de consecuencias reales ha generado impunidad y una falsa sensación de que estas faltas no tienen importancia. “Muchas veces, los infractores bajan el volumen cuando llega la autoridad y luego lo vuelven a subir. Eso tiene que cambiar. Necesitamos sanciones que se tomen en serio. Así como cuando vamos a otro país y somos cautelosos porque sabemos que allá sí actúan con firmeza, así queremos que sea aquí”, explicó.

La iniciativa contempla un plazo de 180 días para que los municipios adecuen sus reglamentos, y de 90 días para que la Secretaría de Medio Ambiente emita los lineamientos para su aplicación. El arresto sólo se aplicaría en casos de reincidencia, habitualidad, o incumplimiento de sanciones previas, y siempre bajo los principios de proporcionalidad y legalidad, conforme a la Ley de Justicia Cívica y Buen Gobierno del Estado.

La legisladora también citó casos de éxito, como la Ciudad de México, que desde junio de 2024 incorporó el arresto por ruido excesivo en su Ley de Cultura Cívica; Veracruz, que ya cuenta con una Ley contra el Ruido desde 2018; y ejemplos internacionales como Japón y Colombia, países que han adoptado medidas firmes y efectivas para garantizar ambientes tranquilos.

“La gente merece vivir en paz. Esta reforma es para las miles de familias que han tenido que acostumbrarse a vivir con audífonos, ventanas cerradas y noches en vela. Es hora de que las leyes estén de su lado”, concluyó.