Para fortalecer el combate al “huachicoleo” y a los delitos en contra de la industria petrolera, el Diputado priísta Álvaro Ibarra anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos para que se castigue a todo servidor público que participe en estos ilícitos, así como a los contratistas, permisionarios o distribuidores de energéticos.
A nombre del Grupo Legislativo del PRI, el Diputado Local explicó que actualmente la ley en la materia establece una agravante que implica aumentar hasta en una mitad más de la sanción impuesta, cuando el delito sea cometido por un “trabajador o prestador de servicios” de algún asignatario, contratista, permisionario o distribuidor.
“Vamos a proponer que dicha agravante también se aplique al propio asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, dado que tienen la misma responsabilidad, o incluso más, que el propio trabajador o prestador de servicios”, comentó Ibarra.
Al recordar que, en el año 2016, siendo Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, impulsó la creación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, el priísta apuntó que hoy debe actualizarse el marco legal para que contemple sanciones a todo servidor público que participe en la sustracción ilegal de hidrocarburos y no sólo a quienes se desempeñan en el ramo energético.
“Estamos solicitando que dicha sanción se aplique a todo servidor público, ya sea del orden federal o local, que esté involucrado en este ilícito y que se le destituya del cargo e inhabilite para ocupar algún otro puesto”, planteó Ibarra.
Agregó que en su iniciativa también propone fortalecer las sanciones pecuniarias, con incrementos de 25% a las multas relacionadas con los delitos establecidos, para ubicarse en el rango de 422 mil 450 pesos, como monto mínimo, y de un millón 795 mil 412 pesos, como máximo, según la cantidad de litros de combustible sustraídos.
Álvaro Ibarra insistió en que la reforma busca inhibir el robo de energéticos, castigar con mayor severidad a los responsables y evitar tragedias como la ocurrida el pasado 18 de enero en el estado de Hidalgo.
