· Plantean su desacuerdo ante anuncio de que los apoyos al campo se harán al margen de las organizaciones.
· No existe un padrón de productores que lo haga posible, advierten.
El Frente Auténtico del Campo entregará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una propuesta de desarrollo para el campo que reoriente el gasto público en beneficio de los pequeños y medianos productores, en quienes recaerá la responsabilidad de hacer realidad la soberanía alimentaria, y le demandará que termine con los circuitos de corrupción en la entrega de recursos a los campesinos.
Federico Ovalle de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) dijo que desde el FAC ven con incertidumbre los anuncios que han hecho funcionarios de la próxima administración y el presidente electo de atender sin intermediarios a los beneficiarios de los programas sociales y productivos.
Advirtió sobre la inviabilidad de otorgar los apoyos de manera directa y dejar al margen a las organizaciones campesinas, ya que no existe un padrón único de productores. “Hemos hecho una labor importante que parece que ahora se está cuestionando. Nosotros no recibimos dinero para repartir. Obtenemos los recursos de acuerdo a las reglas de operación y los instrumentos legales establecidos”, sentenció.
En conferencia de prensa, las organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo; CIOAC, CODUC, UNTA y Movimiento Social por la Tierra anunciaron que realizarán una gran concentración en el zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de noviembre con alrededor de 150 mil campesinos de todo el país para fijar su posición con relación a las demandas del campo.
El profesor Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) informó que la marcha campesina se realizará en el marco del 107 aniversario de la firma del Plan de Ayala y servirá para hacer una propuesta concreta al próximo gobierno para que las políticas públicas hacia el campo se instrumenten a partir de consensos y no de una visión unilateral.
Federico Ovalle, a pregunta expresa dijo que, al término del sexenio, en el campo se incrementó la pobreza extrema y que el presidente Peña Nieto “tiene tache” porque no cumplió su promesa de crecimiento económico superior al 5% ni la de realizar una profunda reforma a las instituciones del campo. “Se requiere hacer las modificaciones legales y reorientar el gasto público para que se apoye a los pequeños y medianos productores que son los que pueden hacer realidad la soberanía alimentaria y no sólo a los grandes industriales y agroexportadores”, señaló.
A su vez, Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, (CODUC) denunció que 90% del presupuesto para el sector rural se destina a agroempresas como Bimbo, Sukarne, Cargill, mientras las 5.2 millones de unidades de producción tienen que conformarse con el 10% restante. “Por eso el FAC ha movilizado de manera permanente a alrededor de 350 mil campesinos, desde su fundación en 2013 para reclamar el cambio en las políticas públicas para el campo y denunciar que es, en la operación de los programas rurales en los que se fortalecen los circuitos de corrupción”, añadió.
En la conferencia, efectuada en la sede de la CODUC, el dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST) Francisco Chew pidió que se precise el tema de la intermediación en la entrega de apoyos a los productores ya que a los campesinos les ha costado muchos años de lucha hacer valer su derecho constitucional a la asociación. Advirtió que la pretensión de desconocer a las organizaciones campesinas puede generar una estructura clientelar y de corporativismo en beneficio del partido en el poder. Ejemplificó con el caso de Antorcha Campesina, que en el actual sexenio fue la principal beneficiaria de los apoyos al sector.
Sobre la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado USMCA, los dirigentes de las cuatro organizaciones que integran el FAC coincidieron en que se beneficia a las grandes empresas exportadoras y que el gobierno mexicano “negoció en lo oscurito” y sin consultar a los campesinos que, desde que se firmó el TLC en 1994, han sido los grandes perdedores.
“El gobierno tiene razón cuando dice que se incrementaron las exportaciones agropecuarias”, abundó Federico Ovalle. Lo que no dice es que la cifra incluye cerveza, tequila, aguacate y jitomate básicamente, mientras crece la importación de trigo (este año se importaron 17 millones de toneladas), maíz, arroz y carne, precisó.
