CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en su administración, Enrique Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar las operaciones de compraventa de inmuebles entabladas con la empresa Higa por su esposa, el Secretario de Hacienda y él mismo, para determinar si hubo conflictos de interés.
El titular del Ejecutivo anunció una serie de acciones ejecutivas contra la corrupción y conflictos de interés que serán vigiladas por la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular será Virgilio Andrade Martínez.
Como primera instrucción, el mandatario le encargó a Andrade Martínez investigar y resolver sí hubo conflicto de interés en su gobierno y, para ello. le ordenó convocar a un panel de expertos para que evalúen esa investigación.
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Peña Nieto reconoció que los señalamientos surgidos por la llamada “Casa Blanca”, comprada por Angélica Rivera a Higa, así como la casa en Malinalco del Secretario Luis Videgaray han generado la apariencia de algo indebido que en realidad no ocurrió.
“Esta percepción se explica porque en México no tenemos instrumentos normativos para, con claridad, declarar conflictos de interés”, expresó.
Ante ello, dijo Peña Nieto, México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice que la toma de decisiones no sea vulnerada por intereses privados.
Exconsejero del Instituto Federal Electoral, Andrade Martínez se venía desempeñando como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
El encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública era Julián Olivas Ugalde.
El mandatario instruyó al nuevo titular de la secretaría dedicada al control interno de la administración pública federal que en mayo, cuando por ley todos los funcionarios deben presentar su declaración patrimonial, hacer obligatoria la presentación de una declaración de posibles conflictos de interés.
Además le solicitó crear una unidad especializa en Ética y posible conflicto de interés; emitir reglas de integridad en la administración pública federal; echar a andar protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios que decidan sobre las concesiones y permisos del gobierno.
Asimismo, todas las dependencias deberán identificar el nivel de responsabilidad que esos funcionarios tengan en esas decisiones, se acelerará la operación de la Ventanilla Única y se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y rendición de cuentas.
