Desde 2012 el Gobierno del Estado notificó al municipio de Monterrey que el ahora ex escolta de la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes debía ser supervisado, pues existían sospechas de vínculos al crimen organizado.
El procurador de Justicia, Adrián de la Garza dijo que el primer examen de control de confianza al detenido en la Sieido, Antonio González Abad fue en, septiembre de 2011 cuyo resultado se le entrega al municipio en enero de 2012.
Los resultados que se aplican son aptos plenos, aptos con restricción y no aptos. En este caso, fue de apto con restricción.
“En el apto con restricción, que está debidamente recibido por el municipio en enero de 2012, hacía la aclaración que había que darle seguimiento puntual a esta persona porque había sospechas o posibilidades de que pudiera tener relación con delincuencia organizada o con grupos de delincuencia. Esta ya es responsabilidad del municipio de hacer el seguimiento”, añadió el procurador
Además, apuntó que las pruebas de confianza que se le aplicaron a González Abad fueron como policía y no escolta, por lo que fueron menos rigurosas.
Informó que el ex escolta sigue siendo policía activo, pues no está dado de baja del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otro lado, diputados locales del Partido Acción Nacional exigieron al Gobierno del Estado una explicación de las fallas en las pruebas de confianza aplicadas por el Centro de Información para la Seguridad del Estado (Cisec) al ex escolta de Margarita Arellanes Cervantes, que fue detenido la semana pasada por tener vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, abrieron la posibilidad de quitar la exclusividad al Estado de la aplicación de los controles de confianza y permitir que los municipios tengan sus propias evaluaciones, ante la evidente falla del Cisec.
El coordinador de los panistas, Alfredo Rodríguez Dávila, y los diputados Enrique Barrios Rodríguez, Rebeca Clouthier Carrillo, Francisco Treviño Cabello, José Luis Galván y José Luz Garza, acudieron al Palacio de Gobierno para presentar un escrito en el cual exigen al Estado una explicación sobre los motivos de las fallas en los controles de confianza a este ex elemento detenido en Jalisco, quien aprobó en dos ocasiones dichas evaluaciones y fungió como escolta de la alcaldesa de Monterrey con licencia, Margarita Arellanes Cervantes.
