Los casos Garner y Brown, epítome de sucesos en los que la violencia policial y las disfunciones del sistema judicial en Estados Unidos se hacen patentes, presentan elementos recurrentes de décadas pasadas (afroamericanos muertos a manos de la policía con las consiguientes protestas por los derechos civiles) y otros más innovadores. Las características de las protestas (generalizadas, pacíficas, persistentes y mayoritariamente llevadas a cabo por blancos), sus demandas (la reforma de una Justicia híper criminalizada) y el consenso que han provocado entre republicanos, demócratas y la población en general, no visto desde el 11-S, han sorprendido a políticos y analistas. Lo que se ventila no es sólo una cuestión racial, sino el hartazgo hacia un sistema que tiende a la paramilitarización. La ola llega este sábado a Washington, donde está convocada una marcha para reclamar al Congreso medidas contra la violencia policial.
La brecha racial sigue ahí. Las cinco muertes de afroamericanos desarmados registradas en los últimos meses son el último pespunte de un hilo robusto y resistente. Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), desde los años sesenta la mortalidad de los afroamericanos en enfrentamientos con la policía es cuatro veces superior a la de los blancos. Un joven negro tiene 21 veces más posibilidades de ser detenido por la policía. Un cuarto de los afroamericanos entre 18 y 34 años se ha sentido maltratado por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las principales protestas de las últimas semanas han sido racialmente transversales, sin apenas distinción de edad o condición.
En 1992, cuando la policía de Los Ángeles apaleó al afroamericano Rodney King, se desató una ola de violencia en los barrios negros que dejó 52 muertos. Ahora, salvo en Ferguson (Misuri), donde el 60% de la población es afroamericana, las protestas han sido pacíficas, con grupos no muy numerosos, bien organizadas y en zonas céntricas y pudientes de las ciudades, como Times Square o Union Square en Nueva York. El fenómeno ha recorrido el país y más allá. Una concentración en Londres esta semana dejo 76 detenidos.
Con los gritos de “No puedo respirar” o “Sin justicia no hay paz” los manifestantes han denunciado la indiferencia de las autoridades hacia el uso excesivo de la fuerza, los “homicidios justificados”, en terminología policial. Sorprendentemente, no hay datos fiables sobre el número de personas que mueren en encuentros con la policía. La única estadística es la del FBI: 463 muertos en 2013, la cota más alta en dos décadas. Sin embargo, esos datos, que se refieren a situaciones en las que presuntamente se estaba cometiendo un crimen, son resultado de la información que aporta una mínima parte de la policías locales (apenas 750 cuerpos de un total de 13.000). Ningún organismo federal ni estatal tiene interés en hacer un recuento que podría resultar estremecedor. Como contraste, sólo seis oficiales de media son procesados por homicidio al año, según datos de la Bowling Green University.
Un joven negro tiene 21 veces más posibilidades de ser detenido
Es cierto que esos datos se producen en un país donde, según un informe de Small Arms Survey, hay cerca de 90 armas por cada 100 habitantes, y en el que, sólo en Nueva York, hay unos 200.000 sucesos armados cada año. Pero la comparación con otros países donde abundan las armas entre la población deja en muy mal lugar a Estados Unidos: en el vecino Canadá, el noveno país del mundo en posesión (31 por cada 100 habitantes), las estadísticas de “homicidios justificados” están casi a cero. En los últimos 30 años, las operaciones de los cuerpos de intervención especial policial, dotados con armamento militar, han pasado de 3.000 (1980) a 50.000.
Las protestas no han tenido, hasta el momento, ninguna expresión antisistema. Al contrario, el departamento de Educación de Nueva York y la Universidad de Columbia ha sido condescendientes con ellas. Aunque la canciller educativa de la ciudad, Carmen Fariña, prohibió que se suspendieran clases para asistir a manifestaciones, alentó asambleas en los centros para que profesores y alumnos debatieran sobre el tema. El rector de Columbia ha permitido a sus estudiantes retrasar sus exámenes de fin de año si consideran que la tensión de las últimas semanas pudiera afectar a su rendimiento. La universidad californiana de Berkeley, nostálgica de sus protestas contra Vietnam, sede del Free Speech Movement de los años sesenta, ha protagonizado alguna de las protestas más encendidas.
La gran novedad de la indignación no se ha traducido en exabrupto violentos, sino en un cuestionamiento profundo del sistema. La muerte de Eric Garner se produjo en Nueva York cuando era detenido por vender cigarrillos en la calle. Es, por lo tanto, un suceso que ataca el corazón de la teoría social de las ventanas rotas y su traducción perversa en la lucha contra el pequeño delito en un sistema híper criminalizado. George Will, uno de los grandes articulistas conservadores, denunciaba esta semana en su columna de The Washington Post la inaceptable intromisión en la vida de las personas por la vía de un Código Penal desproporcionado en una suerte de “exhibicionismo moral” de los legisladores.
El 70% de los estadounidenses ha cometido algún delito sin saberlo
Según Douglas Husak, de la Rutgers University, el 70% de los estadounidenses ha cometido algún delito sin saberlo. Eso sucede en un país que, con el 5% de la población mundial, posee al 25% de los presos del planeta. Según la Heritage Foundation, los tipos penales han pasado de 3.000 en 1980 a 4.450 en 2008, una línea que continúa con un nuevo delito por semana. Dicha fundación denuncia que tres de cada cinco plantean una exigencia penal desproporcionada, motivo por el cual el sistema envía tanta gente a prisión (más de dos millones).
Pocas instituciones judiciales han recibido tantas críticas estas semanas como el Gran Jurado (23 ciudadanos buenos que, a petición del fiscal del distrito, determinan si un presunto delito es perseguible). Juristas de todo signo han alertado en los medios sobre una posible colisión de intereses cuando el interpelado es un policía, dado la estrecha relación del ministerio público y los agentes en su tarea diaria. Jay Sterling Silver, jurista de la universidad Saint Thomas de Miami, considera necesario una investigación independiente cuando el encausado es un miembro del cuerpo de policía.
En los casos de las muertes de Michael Brown en Ferguson y Eric Garner en Nueva York, los fiscales encargados de dirigir la investigación del gran jurado, Robert McCullock y Daniel Donovan, eran conocidos por su proximidad y condescendencia con la policía de su distrito. El fiscal, a lo largo de las deliberaciones del gran jurado, juega un papel fundamental, ya que es el que elige los testigos, organiza los testimonios y selecciona las pruebas. Los trabajos del gran jurado son, además, secretos.
Los expertos afirman que el sistema hace muy difícil que un gran jurado pueda presentar cargos contra un agente por uso excesivo de la fuerza, algo difícil de medir. En 1999, la ciudad de Nueva York vivió una situación parecida a la actual. Cinco afroamericanos desarmados murieron en encuentros con la policía en el plazo de cinco semanas. Ninguno de ellos fue acusado por el gran jurado. Según datos de la Bowling Green University, solo 41 policías recibieron cargos penales de un gran jurado en un periodo de siete años que concluyó en 2011. Durante ese tiempo, los “homicidios justificados” conocidos cometidos por la policía llegaron a 2.500.
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo falló a favor de unos agentes de policía de Arkansas que mataron a tiros a una pareja que se había dado a la fuga tras ser interceptado su vehículo por llevar un faro roto. La familia de las víctimas denunció a los agentes por uso excesivo de la fuerza. El vídeo de los hechos muestra a los agentes tiroteando el vehículo. No sirvió de nada. El alto tribunal consideró que las víctimas, que recibieron quince tiros, habían puesto en peligro la vida de personas con su temeraria conducción.
Incluso en el caso de que un fiscal federal decida seguir adelante con el procedimiento tras la negativa del gran jurado y presente cargos por presunta violación de los derechos civiles de la víctima es muy improbable que el tema prospere, ya que es muy difícil demostrar la voluntariedad del policía en su acción. Todos los investigados afirman que lo sucedido fue un accidente o una respuesta ante el temor a perder la vida.
Eugene O’Donnell, del John Jay College de Nueva York, considera que el sistema está diseñado para evitar procesamientos de policías, desde los Gobiernos estatales, que dejan a discreción de los agentes las políticas sobre el uso de la fuerza (la llave que mató por asfixia a Garner está prohibida por la policía de Nueva York).
Fuente: www.elpais.com
