Transparencia Mexicana (TM) lanzó la propuesta de que en una ley general se especifique la regulación y las sanciones que deben aplicarse en casos de conflicto de interés que lleguen a registrarse entre representantes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como entre funcionarios de gobiernos estatales y municipales.
Como una reacción a los resultados que obtuvo el país (el lugar 103 de una lista de 175 naciones) en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, el organismo en su capítulo México propuso una serie de medidas que lleven a un viraje en la estrategia anticorrupción.
El organismo consideró que debe incorporarse al blindaje electoral 2015 que todo aspirante a un puesto de elección popular haga públicas tres declaraciones: una versión pública de su declaración patrimonial; su declaración de impuestos de los últimos cinco años y una declaración pública sobre un probable “potencial conflicto de intereses”.
Para Transparencia Mexicana, adicional a la creación de una Fiscalía Anticorrupción, el país necesita órganos internos y externos de control, una fiscalización con independencia y un “auténtico” Tribunal Federal de Responsabilidades para los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
“Que las acciones de Gobierno y Parlamento Abierto se conviertan en auténticas prácticas transversales y generales, más allá del Plan de Acción 2015 al que México se comprometió en el marco de Alianza para el Gobierno Abierto. México debe aprobar una política nacional de datos abiertos”, demandó el organismo.
También se pronunció por asegurar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que articule al nuevo Sistema Nacional de Transparencia y al de Fiscalización y Control. “El esfuerzo anticorrupción debe ser nacional y no sólo federal”, advirtió la organización.
Una vez conocidos los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, TM opinó que México continúa sin avances significativos y que sólo un viraje en la estrategia anticorrupción permitirá a nuestro país dejar una posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década.
En diciembre del 2013, México se ubicó en la posición 106 de 177 naciones que fueron evaluadas, mientras que en el 2012 obtuvo la posición 105 de 176.
Para Transparencia Internacional -con base en la metodología utilizada en el instrumento-, sólo existe un cambio significativo cuando hay un aumento o una disminución de cuatro o más puntos.
Así, en la edición 2014, sólo 11 países cambiaron y los siete países que mejoraron fueron: Afganistán, Costa de Marfil, Egipto, Jordania, Malí, San Vicente y las Granadinas y Suazilandia.
Sin embargo, México no presentó cambio, a pesar del aumento de un punto en comparación con el año anterior, se lee en el reporte de TI.
“Si comparamos a México con determinados bloques regionales, políticos y económicos como el G20 -que agrupa a las principales economías del mundo-, México se ubica en la posición 16 de 19, solamente por delante de Argentina, Indonesia y Rusia”.
En el continente, el país que obtiene la mejor puntuación es Canadá, con 81 puntos. Y en Latinoamérica, los países con la puntuación más alta son Chile y Uruguay, con 73, mientras que la más baja es Venezuela y Haití, con 19. La escala utilizada es del cero al 100, donde cero es alta corrupción y 100, bajos niveles.
Caso Ayotzinapa
El índice no contempla los últimos sucesos que se han registrado en México, ya que concluyó en el primer semestre del año; sin embargo, Transparencia Internacional, en su análisis, sí hace referencia al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
El organismo afirma que ello pone en evidencia cómo la corrupción permite a bandas criminales capturar instituciones públicas y que es un ejemplo reciente que sirve como recordatorio “de la falta de avances significativos en la región”.
Así, el organismo internacional plantea para la región de América en general ciertas medidas, tales como poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia.
Además, la creación de mecanismos que protejan y permitan a las personas alzar la voz y actuar contra la corrupción. “El poder recobrar la credibilidad y confianza ciudadana por las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley es clave para disminuir la inseguridad en la región”, se plantea.
Fuente: www.eleconomista.com.mx
