Incumple Estado obligación de garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad física de las personas privadas de la libertad
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifestó su profunda preocupación por la muerte del interno Santos Zúñiga Jaramillo, ocurrida en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico en el Estado de Nuevo León.
Según información de los medios de comunicación a Zúñiga Jaramillo, de 44 años de edad, se le encontró ahorcado en el área de los baños del ambulatorio F1.
Esta muerte y la integridad física de todas las personas internas preocupa, especialmente por el conocimiento que se tiene de la situación de inseguridad, hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno que impera en las prisiones del Estado y que pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas recluidas.
Cabe recordar que apenas el pasado 14 de agosto, el interno Rolando Garay García del Centro de Reinserción Social Apodaca fue presuntamente asesinado a golpes.
Por lo tanto, este nuevo hecho hace evidente que el gobierno de Nuevo León ha incumplido su obligación general de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de la población, especialmente de aquellos que están privados de su libertad en centros de reinserción social, pues todo lo que sucede dentro de dichos lugares es responsabilidad directa del Estado.
CADHAC reitera que las autoridades estatales tienen obligación de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Por lo tanto, exigimos que el gobierno del estado asuma sus obligaciones e intervenga inmediatamente en esta situación realizando una investigación pronta e imparcial en torno a la muerte de Zúñiga Jaramillo.
Es decir, que lleve a los responsables ante la justicia, asegurando siempre el irrestricto respeto a la legalidad, y estableciendo en lo inmediato garantías de no repetición.
