Jaime Nava, presidente de Coparmex Chilpancingo y del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero, declaró que en la entidad hay funcionarios de los tres niveles de gobierno coludidos con el crimen organizado y los empresarios pagan “derecho de piso” a la delincuencia, situación que desde el año pasado se le informó al presidente Enrique Peña Nieto y se le advirtió que de seguir en estas condiciones, los habitantes de Chilpancingo harían “justicia por propia mano”.
En entrevista, el empresario expuso que luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la inseguridad y las marchas que incluyen vandalismo, la Iniciativa Privada ha tenido que cerrar negocios y cancelar contratos, además varios han salido del estado.
Comentó que en la IP aún no hay una cifra específica de pérdidas monetarias pero sí han alertado de la situación a autoridades de todos los niveles de gobierno, incluso a la CNDH.
En agosto del año pasado, añadió, se le envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue recibida ese mismo día por la Secretaría Particular, la misiva precisa: “La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite. Estamos a punto de que los habitantes del municipio sigan el camino de sus vecinos de otros municipios de Guerrero o de Michoacán. Si no se nos atiende no tendremos alternativa más que tomar la justicia en nuestras manos ejerciendo nuestro inalienable derecho de autodefensa”.
Desde entonces, hoteleros, organizaciones civiles, académicos, transportistas y hasta la Cruz Roja Mexicana de Chilpancingo unidos en el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal solicitaron la intervención del al Ejecutivo federal.
“El gobernador Ángel Aguirre Rivero sabe exactamente lo que ocurre pero carece de la más mínima voluntad política para cumplir con su obligación como gobernante”, afirma la carta
