El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, opinó el viernes que los casos de violencia en las ciudades mexicanas de Iguala y Tlatlaya abren una “severa discusión” sobre la eficacia de las políticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto e instó a “revisar los mecanismos que no están funcionando”. Icaza se refirió así, durante un encuentro con la prensa en Washington, a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala a finales de septiembre y al caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron presuntamente en un choque armado con militares el 30 de junio. El Gobierno tiene por un lado una denuncia de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército (…) y, por otro, policías municipales que participan en actos de desaparición forzada “Si bien este Gobierno venía trabajando sobre el tema de política pública, me parece que el caso Tlatlaya y el caso Iguala” abren “una discusión muy severa, un paréntesis de veracidad sobre la política pública” y su eficacia, dijo el mexicano Icaza. Para Icaza, “si tienes por un lado una denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes del Ejército (…) y, por otro lado, policías municipales que participan en actos de desaparición forzada, dices ¿qué esta pasando en materia de implementación de la política pública?”. “Tienes por un lado una reforma constitucional que se convierte en una piedra angular del modelo legal, pero tienes por otro lado una práctica institucional que va en contrasentido de lo que dice la reforma constitucional y las políticas públicas. Tiene que revisarse cuáles son los mecanismos que no están funcionando”, añadió. El 3 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares en el caso de Iguala y solicitó al Estado mexicano que adopte todas las medidas para localizar a los estudiantes desaparecidos, esclarecer las causas e identificar y sancionar a los responsables. El lunes pasado, Icaza y una de los siete miembros de la Comisión, Rosa María Ortiz, mantuvieron un encuentro en Ciudad de México con autoridades del Ejecutivo de Peña Nieto y dos organizaciones que solicitaron la acción de la CIDH, además de con los padres de dos de los jóvenes desaparecidos. De acuerdo con Icaza, “la prioridad es encontrar con vida a los 43 muchachos”. “Es un escenario de desaparición forzada y le da una responsabilidad específica al Estado, y por supuesto que nos parece que, mientras más pase el tiempo, más grave”, recalcó. La CIDH celebrará el 30 de octubre cinco audiencias públicas centradas en México, dentro de su 153 periodo de sesiones. Según Icaza, el caso de Iguala podría salir a relucir “muy probablemente” durante una audiencia centrada en “denuncias de impunidad” en violaciones de derechos humanos y en otra solicitada por el Gobierno mexicano para exponer los resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos. Además, habrá una “discusión sobre lo que está pasando en México más allá de las audiencias” y, en último término, la Comisión “podrá decidir si hace una visita o cuáles son los mecanismos de seguimiento a lo que pasa”, precisó Icaza.
