México, DF. Las personas que migran a través del territorio mexicano son víctimas de malos tratos, violaciones, discriminación, ataques y secuestros por parte de traficantes de personas y grupos delictivos que actúan regularmente en colusión con agentes estatales; y las detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de funcionarios públicos también son habituales. Sin embargo, hay otro fenómeno que aún no ha sido suficientemente documentado ni visibilizado: la detención de personas migrantes y su vinculación a procesos penales, situación que puede traer como resultado la violación a diversos derechos humanos, entre ellos el debido proceso legal.
En un intento de acercamiento a este este fenómeno y de tratar de vislumbrar sus dimensiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) llevó a cabo una investigación sobre personas centroamericanas recluidas tanto en cárceles estatales como federales a lo largo del país.
Producto de este trabajo es el informe “Migrantes en Prisión. La incriminación de migrantes en México”, el cual señala que en 2013 había por lo menos mil 219 personas de origen centroamericano encarceladas. Más de 90 por ciento eran hombres, 972 estaban en centros estatales de readaptación social y 247 en penales federales. Casi todos provenían de Guatemala, Nicaragua y Honduras.
Los acusaron de robo, homicidio, delitos sexuales o contra la salud, entre otros.
De acuerdo con el informe, que no trata de la inocencia o culpabilidad de los procesados, en la mayoría de los casos no se respetó el debido proceso, no se notificó adecuadamente a los consulados respectivos. Además, los detenidos no pueden comunicarse con sus familiares porque no se les dan las facilidades para hacerlo.
El proceso de obtención de la información para la realización de este informe, que se presentó esta tarde en la Universidad Iberoamericana, consistió en solicitar información a las 32 entidades federativas y al Instituto Nacional de Migración.
