De entre todos los destacamentos antorchistas del país, el de Oaxaca se ha distinguido siempre por ser de los que más se empeñan en mantener una relación normal, respetuosa y apegada a los marcos legal e institucional, con los gobernantes y funcionarios de ese estado, privilegiando el diálogo y la negociación equilibrada y sensata para lograr la solución a las demandas de sus agremiados. Sin renunciar nunca a sus peticiones cuando son justas, sin traicionar ni abandonar a la gente humilde que confía en ellos, pero echando mano más de los argumentos y perseverancia que de los gritos y sombrerazos, los antorchistas oaxaqueños, dirigidos por el Ing. Gabriel Hernández García y su Comité Estatal, han logrado construir una fuerza política grande y firme, consolidada y enraizada en el ánimo popular; han demostrado, así, que no es inútil atenerse a la definición bíblica: ser “lento en ira y grande en perdonar”. En su ya larga historia, sólo en dos ocasiones han tenido que apartarse de su método de lucha, ninguna de las cuales, por cierto, ha sido culpa suya, sino de los gobernantes y funcionarios que han confundido su bonhomía, paciencia y racionalidad, con estulticia, cobardía o impotencia. La primera de ellas ocurrió en el último año del Lic. Ulises Ruiz, la segunda está ocurriendo precisamente ahora, en estos días, bajo el gobierno del Lic. Gabino Cué Monteagudo, un gobernador salido, por cierto, de un movimiento que se publicitó en su momento como profundamente democrático, identificado con las causas populares y decidido a encabezar un cambio radical en Oaxaca para limpiar todo el lodo acumulado “en tantos años de dominio priista” y conducir al estado hacia un futuro mejor.
No es mi intención hacer un balance general de la actuación del gobernador Gabino Cué; tampoco repasar a detalle las causas que provocaron el conflicto con el priista Ulises Ruiz, y ni siquiera precisar cómo se ha ido gestando el conflicto con el gobierno actual; me limitaré, por ahora, a señalar sumariamente lo que sigue. De poco más de 80 obras con proyectos elaborados por los solicitantes, revisados con lupa una y otra vez por las dependencias encargadas de realizarlos y, finalmente, aprobados y aparentemente fondeados para su ejecución, no sin antes exigir muchos otros requisitos formales más a los beneficiarios, todo esto en y para el año 2013, resulta que al día de hoy no se ha iniciado ninguna, absolutamente ninguna de tales obras. Y la opinión pública debe saber, además, que en las múltiples negociaciones y “mesas de trabajo” que se han celebrado en torno al problema, los señores funcionarios, luego de inventar desganados pretextos burocráticos, increíbles por absurdos, terminan confesando paladinamente que “la verdad es que no se han iniciado las obras porque no se les han asignado los recursos correspondientes”. Y peor aún: como consecuencia de esto, los mismos funcionarios se niegan a discutir el pliego de demandas correspondiente a este año de 2014, con el obvio pero inaceptable argumento de que “no tiene caso discutir nuevas demandas cuando no se ha podido cumplir siquiera con las anteriores”. O sea, que los
