La Asociación de Alcaldes de Nuevo León, que preside el edil de Monterrey, Adrián de la Garza, conformada por municipios de diferentes corrientes políticas, hizo un llamado al Gobernador Samuel Sepúlveda y a las autoridades del Gobierno del Estado a sumarse a la responsabilidad, planeación y orden con el objetivo de generar condiciones para mitigar los efectos financieros adversos provocados por la caída de participaciones federales y la falta de activación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Diversos municipios del estado de Nuevo León, cumpliendo con los procedimientos previstos en la legislación y considerando la opinión de expertos en la materia, llevaron a cabo durante los últimos meses una actualización de los valores catastrales como ejercicio de previsión financiera y responsabilidad hacendaria ante las necesidades presupuestales derivadas de las demandas ciudadanas, el costo del mantenimiento de la infraestructura urbana y la obligación de prestar servicios públicos de calidad a sus habitantes.
Cabe subrayar que este ejercicio de planeación financiera que fortalece los ingresos municipales mediante una actualización del valor catastral de la propiedad inmobiliaria, junto con otras medidas de disciplina financiera, previene una crisis que obligue a recurrir a financiamientos excesivos como ha sucedido recientemente al Gobierno del Estado de Nuevo León ante la falta de la debida previsión.
Por lo anterior, exigimos al gobernador Samuel García Sepúlveda a cumplircon la ley y publicar en el Periódico Oficial del Estado los dieciséis decretos aprobados por el H. Congreso del Estado en fechas 13 y 20 de noviembre, respetando así la autonomía municipal y, sobre todo, evitando que los municipios tengan mayores complicaciones financieras en perjuicio de la ciudadanía.
Los alcaldes de los municipios de Escobedo y García, municipios a los que el día de ayer les fueran publicados los decretos correspondientes, se unen a esta exigencia con el fin de garantizar la equidad e imparcialidad en el trato del Gobierno del Estado a los municipios de Nuevo León.
