La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, Susana Méndez Arellano, acudió al Congreso local a fin de entregar la solicitud presupuestal para el ejercicio fiscal 2025.
Es preciso informar que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado asignó como techo presupuestal a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, la cantidad de $90,240,897.00 (noventa millones doscientos cuarenta mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) y adicionalmente se requieren $48,346,383.00 (cuarenta y ocho millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), por lo que el requerimiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 asciende a la suma de $138’587,280.00 (Ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.).
“Tenemos un techo presupuestal de 90 millones, los cuales resultan insuficientes para las labores que tiene asignadas la Comisión, ya que en los últimos años la Comisión ha tenido un incremento en la recepción de quejas; Actualmente tenemos cerca de 2300, cuando al inicio de la gestión era de 800”, señaló la Ombudsperson.
Susana Méndez Arellano explicó que los Programas Presupuestales proyectados para el ejercicio 2025 son: Gasto corriente; Programa para la Instauración de la Cuarta Visitaduría General; Implementación del Mecanismo Estatal y prevención de la Tortura; Programa de posgrado en materia de Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías, además del Programa de Derechos Humanos y Empresas.
La Presidenta de la Comisión dijo que Nuevo León es de las entidades federativas que cuenta con menor estructura organizacional en comparación con los otros organismos de protección de derechos humanos, además se sitúa entre las entidades con mayor número de población.
Méndez Arellano habló sobre la importancia de crear una nueva visitaduría, toda vez que existen organismos que cuentan con oficinas en cada municipio, por lo que resulta indispensable para cumplir con las distintas normativas vinculantes al quehacer de este Organismo Público Autónomo, en particular con la necesidad de atender a las víctimas, así como de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que demanda la sociedad nuevoleonesa y aquella que transita por el territorio de la entidad federativa.
