- En el documento presentado en la Oficialía de Partes, se piden recursos que ascienden a 3 mil 600 millones de pesos
El Poder Judicial de Nuevo León entregó en Congreso del Estado. el proyecto de presupuesto de gasto corriente y planes de inversión para el ejercicio 2025.
El magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acudió al recinto legislativo entregando el documento con las necesidades de la institución en la Oficialía de Partes.
El magistrado presidente fue recibido por la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Lorena de la Garza Venecia, así como por los diputados Heriberto Treviño Cantú y Carlos Alberto de la Fuente Flores, coordinadores de las fracciones legislativas del PRI y PAN, respectivamente.
También estuvieron presentes los diputados Javier Caballero Gaona y Myrna Isela Grimaldo Iracheta.
En el documento entregado se especifica a los diputados las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el ejercicio 2025, mismas que ascienden a 3 mil 600 millones de pesos, en los que se consideran proyectos que no pudieron concretarse por la falta de presupuesto de 2024.
En una trasmisión en vivo, mientras se dirigía al recinto legislativo, el presidente Salinas Garza explicó que el documento detalla necesidades y proyectos detenidos por la falta de aprobación de presupuesto del 2024.
“En el 2024 no hubo presupuesto ya que no fue presentado por el Ejecutivo y por lo tanto venimos operando con un presupuesto del 2023 y esto implicó muchísimos retos en la parte de administración de la justicia y de la administración del Poder Judicial porque prácticamente tuvimos que operar con el presupuesto del 2023 sin tomar en cuenta la inflación que fue de un 4.5 por ciento en el 2024”.
En el documento se precisa que en el Poder Judicial de Nuevo León el recurso destinado a servicios personales representa el 86.98% del presupuesto total asignado a la institución. Se especificó que al basarse el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 en el de 2023, debido a la falta de aprobación del mismo, se vio seriamente comprometida la capacidad de garantizar una justicia pronta y expedita.
Se detalla que el Poder Judicial enfrenta actualmente un déficit de 339 vacantes, equivalente al 12% de sus plazas totales, situación que no ha podido ser atendida por falta de recursos. Solo en lo que va de 2024, se generaron 80 vacantes, mientras que el volumen de asuntos aumentó en un 10%, lo que ha provocado un déficit de desempeño estimado en 22%. Esta situación impacta directamente la capacidad operativa, afectando la eficiencia en la administración de justicia y limitando los servicios brindados a la ciudadanía.
Al señalar que el pago de nómina representa casi el 90 por ciento del presupuesto, el magistrado presidente comentó que: “Venimos de unos meses, casi ya un año, de estar batallando en el pago de la nómina de los servidores públicos lo que nos ha generado que las vacantes que se han venido dando en el Poder Judicial pues no sean cubiertas”, explicó al señalar que cubrir esas vacantes es un primer reto.
“El número de asuntos se han incrementado más allá del 15 por ciento, entonces si vemos lo que ha aumentado el número de asuntos y vemos el número de vacantes que tenemos, pues evidentemente estamos operando con un déficit de personal para poder estar brindando siempre la justicia pronta y expedita que los ciudadanos merecen”.
Agregó que gracias a los diversos sistemas electrónicos con los que cuenta el Poder Judicial así como la apertura de módulos judiciales que acercan la justicia a los ciudadanos, es como se ha venido operando para afectar lo menos posible la atención a los justiciables.
Por ello, detalló, el presupuesto incluye las actualizaciones con motivo de la inflación del 2024 de un 4.5 por ciento, la actualización de la inflación estimada del 2025 que es de un 3 por ciento y lo relativo a los proyectos especiales pendientes de atender.
La propuesta de presupuesto se compone de ejes y proyectos en cuatro temas:
1. Eficiencia en la administración de justicia.
2. Descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar.
3. Modernización tecnológica y seguridad de la información.
4. Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En eficiencia en la administración de justicia se contemplan nuevos palacios de justicia en García y San Pedro Garza García
La descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar considera una mayor cobertura geográfica con centros de convivencia en San Pedro, Monterrey Sur, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, propiciando acceso a un mayor número de familias, en ubicaciones más cercanas y funcionales para sus necesidades.
En el rubro de modernización tecnológica y seguridad de la información los proyectos contemplan la inteligencia artificial aumentada propiciando una nueva era para impartir justicia y mejorar el razonamiento humano en sistemas judiciales; prevención de ciberataques, recuperación de datos y continuidad operativa.
Se contempla la renovación de los portales web y la app del Poder Judicial para facilitar el uso de servicios tecnológicos, así como el fortalecimiento e integración de nuevos servicios en línea del Tribunal Virtual.
Para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vigente desde junio de 2023 y con plazo de inicio en abril del 2027, se recalcó que es esencial comenzar de inmediato con el proceso para cumplir con esta obligación en el plazo establecido, evitando impactos negativos en las operaciones de la institución.
Convergen tanto el sistema tradicional, como el electrónico; por lo que se requieren acciones en áreas de: Consultoría para identificación de necesidades, desarrollo de plataformas tecnológicas, implementación de las firmas electrónicas y reducción del uso de papel y expedientes físicos.
Considerando dos inflaciones acumuladas, un 4.5 por ciento del 2024 y un 3 por ciento de inflación estimada anual para 2025, el presupuesto total planteado asciende a 3 mil 600 millones 491 mil 423 pesos, de los cuales 3 mil 212 millones 769 mil 476 pesos corresponden al gasto corriente y 387 millones 721 mil 948 pesos a programas y proyectos.
