Para que los intentos de ciberataques sean castigados, la diputada del Partido Acción Nacional, Aile Tamez De la Paz, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal.
De acuerdo a la propuesta presentada por la legisladora albiazul se establece que se impondrá de dos meses a un año de prisión y una multa de 200 a mil cuotas a quien indebidamente intente acceder a un sistema de tratamiento o transmisión automatizada de datos.
“De acuerdo con datos de diversas empresas de ciberseguridad, Nuevo León es el Estado más atacado en el país, después de la Ciudad de México y Guadalajara, para muestra mencionamos el intento de hackeo a los sistemas informáticos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en enero de 2023, tales como el Tribunal Virtual, que interrumpieron el uso de la plataforma durante días.
“Como medida de prevención y seguridad de la información alojada en las bases de datos, determinándose la suspensión de plazos legales, siniestro que puso en riesgo más de 70 Terabytes de información, y se afectó a la ciudadanía en garantizar su derecho de acceso y administración de la justicia de forma expedita y eficaz, en virtud de verse impedidos de llevar a cabo tramites de ante los tribunales locales”.
Sin embargo, destacó Tamez De la Paz, la tentativa de ciberataque no se contempla actualmente la conducta cometida de intentar acceder a los sistemas automatizados de datos, y que por ese solo hecho causa daños al bien jurídico tutelado desde nuestra Constitución.
Ante ello, consideró, se hace necesario tipificar la tentativa como una conducta antijurídica y punible, por lo que se sanciona al autor, esto es, debe existir la intencionalidad del actor dirigida a cometer un hecho delictuoso, materializada en actos desarrollados a cometer su ejecución, y un resultado que no se verifica por causas ajenas a la voluntad de agente.
“El asunto que ocupa la presente iniciativa, se relaciona directamente con la tentativa, es decir, que no obstante que existe la intención del sujeto de causar un daño al sistema informático al que está atacando, no logra llevar a cabo su resultado, ya sea por las medidas de protección adoptadas.
“Sin embargo atenta contra la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de los sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones, así como a las personas en su carácter individual como sujetos de derecho”, destacó.
