La diputada Jessica Martínez Martínez hizo un llamado al titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, José Manuel Valdez Gaytán, para que no se elimine la modalidad de pago en efectivo en el transporte urbano hasta que se garantice el abastecimiento de las tarjetas “Me Muevo”.
En días pasados, las autoridades anunciaron que se empezará con la eliminación del pago en efectivo para las rutas urbanas que opera el Instituto, estableciendo como única forma de cobro al pago electrónico a través de la tarjeta “Me Muevo” y la aplicación “Urbani”.
Para Martínez Martínez, la eliminación del pago en efectivo representa una afectación directa al derecho a la movilidad de las y los ciudadanos, debido a que hay desabasto de las tarjetas desde su implementación en el pago para metro y transmetro.
Mientras que la aplicación Urbani presenta dificultades tecnológicas para los adultos mayores y personas con discapacidad, así como dependencia de los datos celulares.
“La medida representa una afectación directa al derecho a la movilidad que tenemos las y los habitantes del Estado de Nuevo León, ya que la implementación de un sistema de pago que no es accesible para todos los usuarios crea una barrera adicional, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad y la dependencia de una aplicación móvil excluyen a quienes no tienen acceso a la tecnología necesaria o la capacidad para utilizarla de manera eficiente”, afirmó.
“Con la presente petición no buscamos que los nuevos mecanismos de cobros sean eliminados, sino que el pago en efectivo se mantenga hasta que haya un abasto suficiente y continuo de las tarjetas “Me Muevo” para así garantizar el derecho a la movilidad de aquellos que no cuenten con la tarjeta, así como quienes no cuenten o no dominen el uso de un teléfono celular”, agregó.
El exhorto presentado por la diputada busca que el pago en efectivo se conserve hasta que se garantice el abasto de las tarjetas a fin de no afectar el derecho a la movilidad que tienen las y los ciudadanos.
La diputada local del PRI precisó que, las medidas y mecanismos que implementen las autoridades respecto a los servicios estatales deben tender a la accesibilidad integral y plena de estos, a fin de que la totalidad de las y los ciudadanos se vean beneficiados del actuar gubernamental.
