• Se le acusa de violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
• Debió publicar en su página de internet, su programa anual de adquisiciones a más tardar el 31 de enero del 2023.
• Fue hasta el 17 de julio del 2023 que la Fiscalía General de Justicia en el Estado publicó en su página de internet su programa anual de adquisiciones.
• “Solicito se inicie la investigación correspondiente, y se resuelva aplicar como sanción la suspensión del cargo de Fiscal General de Justicia del Estado”, pide el denunciante.
El Fiscal General de Justicia en la entidad, Pedro Arce Jardón fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por no publicar en tiempo y forma el programa anual de adquisiciones de la dependencia.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Omar Alejandro Covarrubias Neri, quien señaló que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, debió publicar en su página de internet su programa anual de adquisiciones a más tardar el 31 de enero del 2023.
Expresa Covarrubias que fue hasta el 17 de julio del 2023 que la Fiscalía General de Justicia en el Estado publicó en su página de internet su programa anual de adquisiciones, sin embargo, además de que lo publicó en forma extemporáneo, no cumple con las exigencias que establece el artículo 10 de la misma Ley.
“La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en su artículo 101, establece como infracción de un servidor público, no realizar ni publicar en tiempo, el programa anual de adquisiciones, además de realizar procedimientos de adquisición contrario a la Ley de referencia”, se señala en la denuncia.
Por otra parte, el denunciante expresa que el Fiscal General de Justicia en el Estado, ha autorizado la realización de procedimientos de licitación cuyo monto rebasa el equivalente a 4,500 días de salario mínimo general vigente del Área Metropolitana de Monterrey, elevado al año, como la Licitación Pública Electrónica número DAT.04-23, relativo al arrendamiento puro de vehículos automotores nuevos, entre otras licitaciones.
Sin embargo, ha sido omiso en invitar testigos sociales bajo el argumento “que no se encuentran contrataciones con monto superior al señalado en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones que implique la participación de testigos sociales”, lo que se puede comprobar del portal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Además, que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, el Fiscal General de Justicia del Estado, ha sido omiso en administrar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin sujetarse a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, ocasionando un daño al erario público.
Omar Alejandro Covarrubias añade que de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, es considerada falta grave cuando un funcionario autorice, solicite, permita o realice actos para la asignación de recursos públicos, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, como lo es en el presente caso, ya que el Fiscal General de Justicia del Estado, realizó licitaciones sin tener publicado el programa anual de adquisiciones en tiempo, y si bien existe un “supuesto” programa éste no reúne los requisitos mínimos que debe contener, ya que los bienes que ha adquirido no vienen mencionados en dicho programa.
Derivado de lo antes mencionado, el quejoso señala que está acreditado que el Fiscal General de Justicia del Estado, incurrió en faltas graves que son causa de responsabilidad de servidores públicos, por lo que solicita se inicie la investigación correspondiente, y se resuelva aplicar como sanción la suspensión del cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, por ser omiso en cumplir con las obligaciones que están contempladas en las normativas descritas con antelación.
Asimismo, pide a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se aboque a investigar los hechos denunciados, por lo de que deberá de integrarse una carpeta de investigación correspondiente y una vez hecho, cuando lo considere oportuno formular la imputación ante la autoridad competente, a fin de cumplir con lo que marca las disposiciones legales correspondientes.
“Se me tenga con este escrito el cual presento por mis propios derechos, en contra de quien responde al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, por los delitos ya mencionados.
