Ante el riesgo de un incremento en la violación de los derechos civiles y humanos una asociación civil denominada Colectivo Uniendo Caminos inicio un juicio de amparo ante juzgados federales, para impedir se concrete la participación del Ejército Mexicano en funciones de seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
El abogado Marco Antonio Vargas Arizpe e Isaías López Ruiz, representantes legales de los ciudadanos promoventes informaron que el lunes ya se tramitó la suspensión provisional, en la cual en el caso de Nuevo León, impediría la militarización de la Guardia Nacional.
Luis Gómez, representante de Uniendo Caminos A:C, indicó que se busca obtener la protección de la justicia federal, para prevenir que con la participación de los militares en funciones policiales y de seguridad pública como aprobó el Congreso de la Unión, puedan violarse las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos.
“Ya existe una advertencia de la Guardia Nacional de que los ciudadanos cuiden lo que publican en las redes sociales, bajo el riesgo de ser detenidos, lo cual implica la posibilidad de que también se viole el derecho a la libertad de expresión entre otros”, agregó Gómez.
Además refirió que con la presencia de la GN y la Secretaría de la Defensa Nacional es debilitar a los municipios, al negarles los recursos del desaparecido programa de Fortalecimiento Municipal en Seguridad, Fortaseg, a fin de que sean los militares quienes controlen las funciones policiales hasta el 2028.
El abogado López Ruiz mencionó que mediante el amparo judicial se busca restablecer la capacidad de las autoridades estatales y municipales para atender los problemas de seguridad del ámbito civil, dejando a las autoridades federales lo correspondientes a la prevención y combate al crimen organizado.
Los regios revelaron que al ampararse contra la militarización del Estado Mexicano se ayuda a garantizar los derechos humanos de todos los civiles.
“Se corre el riesgo de que los militares, al carecer de la capacitación para atender problemas como violencia familiar, delitos del fuero común o civil, incurran en excesos y en la violación de los derechos humanos, situaciones que ya se han dado en diversas regiones del país al operar desde hace tiempo permanencia de las fuerzas castrenses en las calles”, agregó Marco Antonio Vargas.
Destacó Vargas que tanto la asociación civil que representa legalmente y como ciudadano, ésta de acuerdo en que sigan los militares en las calles apoyando a la sociedad en seguridad, pero que no se hagan cargo de las funciones que competente a los gobiernos estatales o municipales, para así poder garantizar los derechos de la ciudadanía.
El despacho de abogados de Marco Vargas ha atendido diferentes situaciones a nivel local y nacional, destacando el amparo que ganó a favor de los niños con cáncer, el derrumbe de un edificio Cumbres como abogado de la empresa constructora.
Además logro obtener sentencias favorables en el caso de la explosión de una pipa ocurrida en la ciudad de Guadalajara, siendo el representante de la empresa gasera propietaria del vehículo siniestrado, así como defendió a la influencer Adriana Quiroz, violentada por su ex novio el cómico y activista político, Pedro Alejo “Fufito”, quien fue vinculado a proceso.
