Para garantizar la búsqueda efectiva de mujeres desaparecidas, la Diputada local del PRI, Lorena de la Garza Venecia presentó iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Estatal.
A pesar de que desde 2016, se emitió una alerta de violencia de género, De la Garza Venecia precisó que el protocolo Alba facilitará los procesos de búsqueda y permitirá una mejor coordinación interinstitucional entre autoridades para la pronta localización de personas desaparecidas.
“La primera es una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer por Ley el protocolo Alba, lo que queremos evitar es que se deje a consideración de cada titular de oficina la implementación de ese protocolo y que cada vez que haya una persona desaparecida, la alerta se aplique con celeridad para encontrar a la persona con bien y con vida”, manifestó en entrevista.
“Se establecerá la obligación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, el contratar servicios de mensajería instantánea para difundir las fotografías de personas desaparecidas, es necesario que todos los ciudadanos de Nuevo León tengan conocimiento de las fichas de búsqueda para que puedan proporcionar información de forma rápida”, agregó.
La Diputada priísta manifestó que también presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
“Una reforma al Código Penal para que se sancione con cárcel a los servidores públicos, miembros de una institución policiaca y/o de investigación, que difunda, comparta, comercialice, oferte, intercambie, publique o exhiba imágenes, vídeos, audios, documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal del delito de feminicidio, con personas ajenas a la investigación o proceso penal”, aseveró.
“La sanción será de dos a ocho años y multa de quinientas a mil quinientas unidades de medida e inhabilitación de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión”, añadió.
La legisladora puntualizó que la iniciativa presentada por el GLPRI modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía, a fin de dotar al ministerio público la obligación de implementar y promover el uso del Protocolo Alba, como mecanismo para la no localización de mujeres y niñas, y sobre todo la atribución del Fiscal para coordinar e implementar dicho protocolo.
Además, se busca incluir a las cámaras empresariales, cámaras hoteleras, Radio y TV de Nuevo León, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consulados e Instituciones Policiales Internacionales.
