La Bancada de MC presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación para que pongan en acción estrategias para brindar apoyo a los municipios que actualmente albergan migrantes que se encuentran a la espera de recibir respuesta de trámites en Estados Unidos, a raíz de la crisis migratoria que se ha reportado en los últimos años y ha impactado a Nuevo León.
“En los últimos meses el Gobierno (federal) ha estado enviando camiones con personas migrantes, además de que por la política de Estados Unidos de “Quédate en México” van a estar llegando camiones con 50 personas migrantes diariamente por tiempo indefinido, que puede durar de 8 a 16 meses y puede haber un flujo migratorio de miles de personas en Monterrey”, dijo la diputada Iraís Reyes.
La Bancada Naranja señaló que en el marco de la estrategia implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM) existe poca claridad sobre la inserción social de los migrantes. Además, el grupo legislativo considera que es necesario incluir a las autoridades municipales en el diálogo para lograr una coordinación real y positiva en las comunidades receptoras.
Recordaron que hasta la fecha no se ha presentado diálogo alguno entre las autoridades federales de México ni de Estados Unidos con el Gobierno Municipal de Monterrey.
“El Gobierno federal no tiene una política de migración y está delegando esta problemática a otras entidades y los municipios, por eso estamos exhortando a estas tres autoridades (Gobierno Federal, INM y Secretaría de Gobernación) para que generen una política que permita atender la situación de personas migrantes que están llegando a los municipios”, comentó Reyes.
Si bien los municipios de Nuevo León tienen la voluntad de atender sin distinciones, es necesario considerar los recursos adicionales que se requieren para atender a las personas migrantes, agregó la legisladora.
“Monterrey es una ciudad que si bien ha abierto sus puertas a todas las personas sin discriminación, enfrentará las consecuencias de decisiones migratorias por parte del Gobierno federal, que tiene la obligación de determinar la política migratoria del País y de recoger las demandas de los municipios y las organizaciones de la sociedad civil organizada”.
