Al considerar que lo que dispone la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transgrede los derechos humanos de las y los elementos policíacos el diputado local por Morena, Waldo Fernández, exhortó al Congreso votar en contra del Dictamen que dispone su no reinstalación.
“Todas las personas tenemos los mismos derechos que reconoce la propia Ley Fundamental y los Tratados Internacionales y no por el hecho de ser elemento de
seguridad pública, deben tener menores derechos laborales. No hay ciudadanos de primera y de segunda, todos somos iguales. Hacer una distinción de esta magnitud y negarles el derecho a ser reinstalados, en medio de una crisis de inseguridad, es afirmar que los integrantes de los cuerpos de seguridad no merecen los mismos derechos que los demás”, consideró el legislador.
Waldo Fernández añadió que lo que dispone el artículo 123 sobre la no reinstalación de los agentes policiacos obedeció a una necesidad de depuración de las policías en todo el país, mediante la realización de los exámenes de control de confianza. Sin embargo, ésta contribuye a la inestabilidad laboral de los cuerpos de seguridad y soslaya la identidad de la institución.
El dictamen presentado es un proyecto de decreto que pretende reformar por adición un segundo y tercer párrafo al Artículo 198 Bis 30 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, y por modificación del Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.
De esta manera, el Congreso busca homologar lo que dispone la fracción XIII del artículo 123 que determina que “los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
“Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.”
El dictamen fue aprobado por mayoría, con 2 votos en contra de los legisladores de Morena, Jessica Martínez y Waldo Fernández.
El diputado Fernández adelantó que pedirá el veto del Gobernador.
