El magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, entregó el proyecto del presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio del año 2022, el cual asciende a 2 mil 628 millones de pesos.

El magistrado presidente acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde hizo entrega del documento.

El proyecto de presupuesto se compone de dos grandes rubros: la parte inflacionaria que es de 3.4 por ciento, y el rubro de proyectos especiales mismos que se concentran en cuatro temas: implementación de la reforma laboral, centros de convivencia, módulos judiciales y capacitación.

Al entrar en detalle el magistrado presidente explicó que, por mandato constitucional, el Poder Judicial debe asumir la implementación de la reforma laboral. Para ello se estima una partida de 252 millones de pesos.

Cabe señalar que a partir del 2 de mayo desaparecerán las juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo que el Poder Judicial absorberá los juicios en materia laboral.

Esto implica la creación de juzgados en la materia considerando un esquema de gestión, en el que los jueces operan con personal en común, tal como se opera actualmente en la materia penal.

“Se está considerando para una partida inicial de diez jueces laborales y personal de apoyo. Serán juzgados bajo el modelo de gestión que es como opera actualmente la materia penal y que es un modelo en el que están todos los jueces y el personal es común, ya que el hacer juzgados unitarios implicaría mayor necesidad presupuestal”.

Explicó que así se optimizan recursos y se aprovecha experiencia en esquema probado ya en la materia penal.

Respecto a los centros de convivencia se estima una partida de 39 millones de pesos para ampliar los servicios a través de sedes alternas en diferentes municipios de la zona metropolitana.  Se proyectan al menos tres o cuatro centros en municipios como Apodaca, San Nicolás o Santa Catarina.

Dentro de los proyectos especiales se considera la creación de módulos judiciales estimando un monto presupuestal de 21 millones de pesos.

El proyecto, dijo, es abrir de manera gradual módulos judiciales en todos aquellos municipios en los que no hay juzgados, acortando distancias al ciudadano.

“Buscamos que el Poder Judicial del Estado tenga presencia gradual en los 34 municipios que carecen de una sede judicial, acercando la justicia a la gente y operando como oficinas receptoras de escritos y promociones, así como espacios físicos para la celebración de audiencias virtuales”.

El otro de los temas se refiere a capacitación. Se está incluyendo una partida de 10 millones de pesos para un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para abordar requerimientos de capacitación en diversas materias.

El monto total de estos proyectos es de 328 millones de pesos y los 75 millones restantes equivalen a la inflación del presupuesto ya autorizado el año anterior, precisó.

“Es un presupuesto que lo estamos haciendo con una responsabilidad y con una conciencia de que los recursos son limitados, pero decirles que el Poder Judicial ha sido y es ejemplo nacional en impartición de justicia”.

Recalcó que el Poder Judicial en el entorno de la pandemia ha seguido realizando su labor e inclusive registrando mejores estadísticas, gracias a los servicios virtuales.

Comentó que el Poder Judicial pide cuando tiene una necesidad constitucional y atendiendo al cumplimiento de esas obligaciones, como en el caso de la implementación de la reforma penal en el 2016.

“En el 2016 cuando se aprobó la implementación de reforma penal el incremento del presupuesto al Poder Judicial fue de un 17 por ciento, comparado con un 13.2 por ciento que se solicita ahora”.