Por considerarla violatoria a los principios de certeza y seguridad
jurídica de los ciudadanos que lo eligieron, la Industria Privada del Estado desestimó la propuesta de instaurar la figura de revocación de mando al titular del Poder Ejecutivo estatal.
A través de un comunicado, el Consejo Cívico, Canaco Monterrey, Coparmex Nuevo León, Asociación de Hoteles de Nuevo León, Canirac Nuevo León y Caprobi Nuevo León expresaron su desacuerdo.
Señalaron que si bien es cierto que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, esto debe ser analizado a la luz de evitar el alterar el orden público o violar los
derechos de quienes sufragaron su voto y eligieron a sus gobernantes.
Lo anterior, debido a que podrían lesionarse los derechos de mayorías en el resultado de una elección.
“Consideramos que el porcentaje para las convocatorias en relación a las consultas populares del 33% de los integrantes del Congreso del Estado es muy bajo. Esto debido a que se permite que los Partidos con mayoría en el Congreso puedan lograr una consulta en algunos casos, aún sin ir acompañados de otros Partidos Políticos”.
Explicaron que la reforma viola el principio de proporcionalidad en virtud que, en poblaciones de baja densidad, un 2% del electorado registrado es sumamente fácil de obtener y así, manipular las decisiones gubernamentales.
Indicaron que la reforma, copiando a la Ley Federal de Participación Ciudadana, utiliza el término de pérdida de la confianza, concepto muy subjetivo, pues no se establecen los supuestos o hipótesis normativas que pudieran fundar la revocación del mandato.
“Nuestra petición es que se haga un correcto análisis sobre la necesidad y conveniencia, antes de llevar a cabo la adecuación legal que se propone, sin proceder previamente a la consulta ciudadana y, sobre todo, fuera del proceso legislativo tratándose de un periodo extraordinario del Congreso del Estado”, concluye la misiva.
