El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) aprobó en la 11ª. Sesión Ordinaria sancionar a las y los alcaldes de Abasolo, El Carmen, Mina y Salinas Victoria, por un monto total de 182 mil 859 pesos.
Encabezaron la sesión, el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, así como las y los Comisionados Vocales, María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Francisco Guajardo Martínez.
El Comisionado Presidente explicó que, en el caso de la alcaldesa de Abasolo, Karina Lissette Villarreal Ramírez, se le sancionó en siete diferentes expedientes por no dar respuesta en los plazos que señala la ley y se le aplicaron cada uno una multa de 13 mil 032 pesos
“La información solicitada iba desde manifestaciones de apoyos, en directo o en especia emitidas durante el 2019 y 2020, sobre los lineamientos vigentes para celebrar convenios para adquisición o arrendamiento de servicios, de uso constante, frecuente o intensivo en base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León”, explicó Sierra Gómez.
“En otros casos se le solicitó información sobre la relación analítica mensual, del mes de septiembre del 2019, de pagos hechos a contratistas, proveedores representaciones y asesorías como lo marca la ley de transparencia estatal o los manuales de contabilidad del 2020 como lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
Otra solicitud fue sobre los lineamientos para la elaboración del informe anual referente a la unidad centralizada de compras del municipio.
En el caso del alcalde de Mina, Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, se le sancionó con 13 mil 32 pesos, por no cumplir con una obligación que se le dictó en una resolución por el Pleno.
Además, al presidente municipal de Salinas Victoria, Gonzalo Elizondo Lira, se le multó en cinco ocasiones por 13 mil 32 pesos, un total de 65 mil 160 pesos, también por incumplir con el mismo número de resoluciones que le impuso la COTAI.
De igual forma, al edil de Mina, Gerardo Alfonso de la Maza, se le multó con 13 mil 443 pesos, al incumplir con una obligación que le emitió el Pleno de la Comisión.
Mientras que, al alcalde de Higueras, Jesús Manuel Ramírez González, se le aplicó una amonestación pública por incumplir con una obligación que el Pleno de COTAI le impuso en una resolución.
Por otra parte, Sierra Gómez mencionó el caso en el que un particular solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García, los cuadrantes que el alcalde; Miguel Treviño, presentó en su segundo informe de gobierno con su respectivo número de cuadrante.
“El sujeto obligado le respondió que la información se encontraba clasificada como reservada y, por ello, el solicitante se inconformó”, explicó.
“El Pleno resolvió que la autoridad debe modificar su respuesta y entregar al particular la información, sin evidenciar información inherente al estado de fuerza del Municipio, o el número de elementos que se distribuyen”.
En otro de los casos resueltos en la sesión fue uno relacionado con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, al que se le solicitó diversa información de las empresas que prestan servicios de transporte público, mediante plataformas digitales, a través de internet.
“El sujeto obligado informó sobre el nombre de las empresas que cumplieron con los requisitos de ley para obtener permisos, así como los documentos que fueron acompañados por éstas, también proporcionó el fundamento legal en lo relativo al dictamen que emite el Comité Técnico y la póliza de seguros”, comentó.
“El particular presentó un recurso de revisión por considerar que se le entregó información incompleta y al analizar la normatividad aplicable al sujeto obligado, así como su respuesta, se puede concluir que la autoridad puede contar con la información requerida, por crear incertidumbre sobre la existencia o inexistencia de la información de interés en sus archivos”.
Sierra Gómez explicó que el Pleno resolvió modificar la respuesta otorgada, a fin de que, el sujeto obligado realice la búsqueda de información solicitada y la ponga a disposición del particular.
En total se emitieron 28 resoluciones correspondientes a un total de 28 expedientes, así como ocho acuerdos.
