- El Diputado Marco Decanini expuso que se busca proteger los derechos humanos de las y los internos, así como de los menores que viven con sus madres en los Centros de Readaptación.
Para que las y los internos tengan acceso a campañas de salud física y psicológica y garantizar la educación de los menores de edad que viven con sus madres en los Centros de Readaptación Social (CERESOS), el Grupo Legislativo del PRI, a través del Diputado Marco Decanini, presentó iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Ley del Registro Civil del Estado.
Al presentar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, el también Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, manifestó que se busca salvaguardar el respeto a los derechos humanos de las y los internos, así como de los menores de edad que viven con sus madres en los centros de reclusión.
“Se busca garantizar que exista un médico general y psiquiatra por cada cien internos, que se adopten medidas para procurar hacer campañas mensuales para la prevención de enfermedades y garantizar el derecho a la salud de conformidad con leyes, reglamentos y protocolos de los menores que vivan con sus madres”, manifestó el legislador local del PRI.
“Que se cuente con al menos un convenio con instituciones educativas con nivel escolar, que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y que se realicen campañas de Registro Civil para que los menores que viven con sus madres no se queden sin su derecho a la identidad”, agregó.
Decanini refirió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó un “Diagnóstico de la situación penitenciaria en Nuevo León en el transcurso de 2018-2019 denominado Un enfoque desde la Reinserción Social”, en el que se encontró que en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo 14 mujeres tienen hijas e hijos viviendo con ellas.
“En Nuevo León ningún CERESO cuenta con psiquiatra, carecen de material médico, artículos básicos para el aseo personal, no se procura la educación y no se contaban con programas para educación superior”, manifestó.
“De acuerdo al diagnóstico, los internos e internas trabajan sin prestaciones o seguro, y en algunas ocasiones trabajan los 7 días de la semana, no conocen los procedimientos internos, ni sus derechos y las autoridades penitenciarias desconocen el reglamento y protocolos internos”, añadió.
Decanini recordó que la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Ley Nacional de Ejecución Penal indican que el sistema penitenciario nacional se debe de organizar sobre la base al respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción social y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley.
Las Comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública y Salud y Atención a Grupos Vulnerables serán las encargadas de dictaminar la propuesta.
