ONUSIDA para este año que termina se había fijado el objetivo de alcanzar que el 90% de las personas con VIH conocieran su estado serológico, que el 90% de las personas diagnosticadas con VIH recibieran tratamiento antirretroviral (TARV) y que el 90% de las personas con TARV lograran la supresión viral. Sin embargo, en este 1 de diciembre de 2020, conmemorativo al Día mundial de la respuesta al VIH y el sida, el balance es que la pandemia por el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, ha exacerbado los grandes desafíos a los que se enfrentan las personas con VIH.
No solo es el estigma, la discriminación y la falta de información actualizada y científica sobre el VIH, sino ahora se suma el COVID-19 que ha provocado aislamiento, distanciamiento y mortalidad, por lo que las acciones preventivas y de atención de las personas con VIH no pueden verse mermadas en medio de esta pandemia; eso sería comprometer los derechos humanos, ya que un elevado porcentaje de personas que reciben TARV se enfrentan a obstáculos estructurales para su salud, como problemas económicos, práctica y creencias perniciosas, la ineficiencia de los modelos de prestación de servicios, los efectos secundarios de los medicamentos y su uso indebido y la falta de protección social, atención y apoyos.
Como afirma ONUSIDA, desde una nueva perspectiva de solidaridad mundial y de responsabilidad compartida para dar respuestas sanitarias mundiales es necesario garantizar la total financiación de la salud, el refuerzo de los sistemas sanitarios, el acceso garantizado, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.
Es fundamental que se fortalezcan las políticas de prevención y atención al VIH con asignación suficiente de recursos económicos y humanos, con personal capacitado o especializado, libres de prejuicios; el incremento de la participación significativa y la asociación con las organizaciones y redes existentes en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los servicios relativos al VIH; el asesoramiento como componente esencial de las pruebas de detección para que las personas hagan elecciones fundamentadas; y contar con parámetros de actuación para las autoridades para la prevención de violaciones a derechos humanos.
