Al presentar el Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León 2018-2019, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, realizó una serie de propuestas, que busca sean adoptadas en la coyuntura de la reestructuración del sistema penitenciario, a efecto de dar cumplimiento al deber de prevenir violaciones a los derechos humanos y atender los estándares internacionales y nacionales en la materia.
Entre lo solicitando se encuentra la adopción de directrices en la administración penitenciaria, para una adecuada distribución de la población, con el fin de garantizar espacios dignos; que se elabore un registro unificado en relación a las enfermedades que se deben monitorear, que les permita actuar con oportunidad; formular un plan integral de accesibilidad en todos los centros penitenciarios; contar con el personal de seguridad y custodia suficiente y capacitado, que garantice la protección, el control y la reinserción de las personas privadas de la libertad.
Destacando, el gestionar la seguridad social y prestaciones de ley para todas las personas privadas de la libertad que laboran, tanto para los propios Centros como para las empresas, así como contar con programas sistemáticos y articulados para la práctica del deporte, como medio de esparcimiento para la salud física y reinserción. Velasco Becerra añadió que respecto a la infraestructura, se debe elaborar e implementar un plan para incrementar la iluminación y ventilación natural, en los diversos espacios de los Centros y proveer de suficientes camas, colchones y ropa de cama.
El Diagnóstico también señala las responsabilidades del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la educación, al trabajo, al deporte y a la reinserción social; los cuales no se cumplen en su cabalidad, debido al déficit de especialistas y personal técnico, de medicamentos y de actividades productivas.
La titular de la CEDHNL precisó que el presente documento contiene los resultados obtenidos de dos años de observación a los Penales del Topo Chico, Cadereyta, Apodaca, Femenil y Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, en los cuales hubo reacomodos en su funcionamiento; el más significativo fue el establecimiento por primera vez, de un Centro exclusivo para mujeres y al final de este período, el cierre del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.
“Nuestra observación es hacia las personas y desde luego, a la infraestructura, pero en función de las primeras.
En este sentido, quisiera destacar que al carecer ahora de personas privadas de la libertad el Topo Chico, deja tener un interés esencial para esta Comisión”, dijo.
La Ombudsman enfatizó que en el período que cubre la elaboración de dicho documento, la CEDHNL formuló siete Recomendaciones, las cuales se encuentran en proceso de cumplimiento por parte de la autoridad, mismas que se derivan de la acumulación de 25 expedientes abiertos por diversas causales.
Sobre la población en el sistema penitenciario, detalló que en el tiempo del análisis del diagnóstico, tenía una capacidad instalada para 8 mil 527 personas internas y la población privada de la libertad era de 6 mil 634 personas, lo que significa, una ocupación de casi del 78 por ciento de las referidas instalaciones.
Asimismo, reveló que en materia de salud, en todos los centros penitenciarios se detectó la falta de uniformidad en los registros de enfermedades e infecciones, trayendo como consecuencia que no fueran atendidas como era debido.
En términos generales, también se encontró desabasto de medicamentos y déficit en la atención de enfermedades inmunoalérgicas y aquellas derivadas de intoxicaciones.
Se constató que muy pocas personas privadas de la libertad realizaban actividades escolares y que no todas las que trabajaban contaban con las prestaciones que establece la Ley Federal de Trabajo y la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no recibían aguinaldo, no eran dadas de alta en un servicio médico y laboraban más horas de las que marca la Ley.
En cuanto infraestructura, señaló que muchos de los espacios carecen de iluminación y ventilación naturales, y a excepción del Centro de Internamiento de Adaptación de Adolescentes, las camas individuales y colchones eran insuficientes en los centros penitenciarios.
“Las personas internas que sufren algún tipo de discapacidad, particularmente de tipo motriz, no encuentran la accesibilidad a la infraestructura que es requerida.
Esto se extiende también a las personas con discapacidad que acuden a las visitas”, añadió. En este período, la CEDHNL documentó 113 quejas por omisiones a las obligaciones de seguridad, resguardo y custodia, que se refieren a agresiones físicas, amenazas y cobros por parte de sus iguales, así como agresiones del propio personal de seguridad.
Agregando que se observó insuficiente personal técnico especializado, ya que la proporción es de 108 especialistas para una población de más de 6 mil 600 personas.
Además hizo un llamado para asegurar que todos los Centros cuenten, en la práctica, con la aplicación de los protocolos que señala desde el 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal.
