La bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al artículo 22 constitucional con la intención de que sea obligatoria la existencia de una sentencia de un juez antes de que las autoridades retiren una propiedad al ciudadano que haya sido acusado de cometer delitos graves.
Lo anterior debido a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que entró en vigor el viernes pasado al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
La iniciativa fue presentada por los diputados federales Pedro Pablo Treviño Villarreal, Enrique Ochoa Reza, Dulce María Sauri, Claudia Pastor, Norma Guel, Soraya Pérez y Fernando Galindo.
La intención es evitar las distorsiones en la ley respectiva, por lo que se exige que para que aplique, exista sentencia previa, es decir, que el procedimiento de extinción de dominio pueda iniciarse contra un ciudadano sólo si el juez dicta, con pruebas fehacientes, el auto de vinculación a proceso penal, y no por capricho del Ministerio Público.
Al respecto, Pedro Pablo Treviño precisó que una herramienta jurídica de este tipo debe servir para prevenir y castigar actos delictivos de alto impacto como el crimen organizado y el lavado de dinero, y ser muy clara en su aplicación.“Por eso el sentido de esta iniciativa, no queremos preocupar innecesariamente a sectores de la sociedad como la empresarial. La aplicación de la ley, si bien es universal, debe ser muy clara en su operación”, expresó.
