Para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los programas sociales del Gobierno y que no sea más el mismo Poder Ejecutivo el que los evalúe, el Diputado local del PRI, Álvaro Ibarra propuso crear el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El Legislador del Grupo Legislativo del PRI manifestó que el Consejo que evaluaría los programas sociales del gobierno y podrá emitir recomendaciones, sería un órgano Constitucionalmente Autónomo integrado por un presidente y dos consejeros quienes deberán acreditar no pertenecer a algún partido político, ni haber ocupado cargo público de elección popular un año previo al día de su nombramiento, tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social y serán nombrados por dos terceras partes del Congreso.
“Actualmente quien evalúa al Ejecutivo Estatal sobre las políticas de desarrollo social que implementa, es el mismo Ejecutivo. Ellos no pueden ser juez y parte cuando se trata de evaluar sus propias políticas de desarrollo social, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas”, puntualizó Álvaro Ibarra.
“Con esta reforma a la Constitución local se logrará que especialistas de la sociedad civil sean quienes participen para el análisis de lo que se hace con los recursos en la aplicación de programas sociales. Que este ejercicio mejorado sirva para que los programas sociales puedan ser corregidos, modificados, adicionados o suspendidos”, indicó.
El Diputado Ibarra Hinojosa aseguro que se toma como base la reforma a la Constitución Federal de 10 febrero de 2014 en la que el órgano encargado de evaluar las políticas de desarrollo social del Ejecutivo se hizo autónomo, el CONEVAL federal quien en su diagnóstico a Nuevo León emitió en sus conclusiones que nuestra normatividad debe establecer un órgano de evaluacióncon independencia jurídica, técnica y de gestión respecto a la operación de la política social.
El Legislador priísta agregó que los Estados de Sinaloa y Durango ya cuentan un órgano Constitucionalmente autónomo para que sea un tercero quien evalúe las políticas de desarrollo social del Ejecutivo estatal.
La iniciativa que adiciona al párrafo décimo a décimo tercero y al artículo 24 a la Constitución local, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio.
