Con el propósito de evaluar los programas sociales implementados por el Estado, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, y promover la participación ciudadana, el Grupo Legislativo del PRI, vía el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa presentará iniciativa de reforma a la Constitución Política local para crear el Consejo Estatal de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social.
El Diputado local manifestó que se trataría de un órgano ciudadano autónomo, el cual sería el responsable de evaluar los programas, objetivos, metas y acciones de los programas sociales implementados por el Ejecutivo Estatal.
“La reforma que se propone tiene varias aristas: una de ellas es que la evaluación de los programas del Estado sea realizada por un ‘tercero’, es decir, por un órgano Constitucionalmente autónomo, que estará integrado por ciudadanos reconocidos por su experiencia académica y social”, detalló Ibarra.
“Los integrantes deberán acreditar no pertenecer a algún partido político y con ello se fortalecerán los mecanismos de rendición de cuentas de los programas sociales; con las recomendaciones que expida el Consejo se podrán corregir, modificar e incluso eliminar programas; y se eficientizará el trabajo gubernamental”, indicó.
Álvaro Ibarra advirtió que actualmente el Ejecutivo es juez y parte en la implementación, manejo y evaluación de los programas sociales, por lo que la reforma busca eliminar ese vicio y dar mayor certeza en las políticas públicas aplicadas desde la administración estatal.
“Actualmente quien evalúa los programas plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo es el propio Gobierno. El ser juez y parte no es saludable en ningún ámbito, mucho menos en acciones de gobierno que tienen un impacto directo al ciudadano. Con la reforma que se promueve se elimina esta atribución ejecutiva”, recalcó Ibarra.
El Diputado priísta comparó que a nivel federal se valoran los programas sociales a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); mientras que la reforma propuesta va más allá, puesto que el CONEVAL, si bien es cierto es un órgano descentralizado, no es constitucionalmente autónomo, como se plantea a nivel local.
“Es importante señalar que desde el 2017 el Estado recibió, precisamente, por parte del CONEVAL, la recomendación de que se debería establecer la independencia jurídica, técnica y de gestión de quién evalúa la política social estatal, por lo que seguros estamos que la iniciativa será bien vista por el Ejecutivo local y, además de dar respuesta a dicho órgano federal, otorgará certeza a la población de que los programas de educación, salud y vivienda van dirigidos a mejorar su entorno social”, mencionó Ibarra.
La iniciativa establece un plazo para que se emita la Ley del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la que deberá incluir el procedimiento detallado de la elección y operación del Consejo.
Asimismo, deberá plantear los términos en que los miembros deberán comparecer anualmente ante el Congreso; los indicadores bajo los cuales se evaluarán los programas sociales, y los puntos de rendición de cuentas a los que serán sujetos los órganos de gobierno que operen programas de índole social.
