La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió cuatro Recomendaciones; dos dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado; una a la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje, y otra más a la Universidad Autónoma de Nuevo León; por actos en los que se acreditaron detenciones arbitrarias, trasgresión al derecho a la integridad personal en el ámbito laboral, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como violaciones al derecho al trabajo.
En la Recomendación 14/2018, dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la víctima fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cumplimiento a una orden de aprehensión, sin ponerla a disposición de la autoridad judicial con la inmediatez y brevedad, como lo que establece la Carta Magna y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, configurando una detención arbitraria, al trasgredir el derecho a la libertad y seguridad personales.
Además, el personal de las Unidades Especializadas en Homicidios y Lesiones Dolosas Monterrey, que tuvieron a su cargo la carpeta de investigación, vulneraron el derecho de petición y pronta respuesta, por dilación a una petición de la víctima.
De igual forma, la Recomendación 16/2018, fue dirigida a la misma autoridad, al acreditarse que agentes ministeriales trasladaron, de una celda del municipio de San Nicolás a sus instalaciones, a un persona mayor de edad, contra quien cometieron actos de tortura psicológica, que tuvo como resultado un trastorno de “estrés pos traumático”, que conllevó a dificultades para conciliar el sueño y concentrase.
En ambos casos, la Comisión Estatal estableció iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en contra de las autoridades responsables; y capacitar en materia de derechos humanos al personal de dicha institución estatal, además en la Recomendación 16/2018, se solicitó dar el tratamiento y acompañamiento psicológico a la persona víctima de tortura.
La número 15/2018, fue enviada a la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, al comprobarse que una servidora pública fue afectada en su integridad psicológica con motivo de distintas acciones continuas que se suscitaron en el ámbito laboral, de las cuales, al tener conocimiento el personal de la dependencia, si bien iniciaron una investigación, ésta no fue de manera seria e imparcial.
Durante la investigación se evidenció la falta de seguridad en el trabajo y la ausencia de protocolos para la debida atención integral de casos de violencia en el ámbito laboral.
Finalmente, en la Recomendación 17/2018, dirigida a la UANL, esta Comisión acreditó actos violatorios al derecho al trabajo en prejuicio de una docente. En este asunto, se evidenció acoso laboral.
En consecuencia, en la Recomendaciones 15/2018 y 17/2018 entre los puntos recomendatorios se solicitó proporcionar el tratamiento psicológico y adecuado a la víctima, previo consentimiento de la misma y la elaboración de un protocolo de actuación para la atención de casos de violencia en el ámbito laboral.
Cabe destacar, que en todos los casos la Comisión solicitó dar vista a la autoridad competente para que estos hechos no queden impunes y capacitar al personal de las instituciones recomendadas en materia de derechos humanos.
