La reforma constitucional que se aprobó el año pasado buscaba ampliar las fronteras del acceso de los ciudadanos a la información; esa reforma y la propia creación del Ifai se había vuelto la joya de la corona, una de las pocas cosas que podíamos presumir como un gran logro de la transición, y un logro pactado entre todos los partidos, que ampliaba las libertades y sobre todo los derechos ciudadanos, así como las herramientas para obtener información, que es suya, les corresponde, indicó Denise Dresser.
En la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, consideró que lo que ha ocurrido en las últimas semanas es “muy grave”, porque una coalición del PRI-Partido Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República están intentando cambiar el Ifai, y la ley general de transparencia, “que es la joya de la corona”, por espejitos.
“Espejitos que nos venden como un avance, cuando en realidad significan un retroceso muy importante. De hecho ni siquiera hay un documento formal que se haya presentado. Circulan diferentes versiones de lo que el PRI, el Partido Verde y la Presidencia están intentando hacer, entonces, es difícil incluso para los organismos civiles tener acceso a lo que están planteando furtivamente, a sus espaldas, hacer los partidos”, señaló.
Se trata de cambios graves porque trazan una ruta contraria a buenas prácticas a las buenas prácticas establecidas a nivel internacional y contenidas a nivel constitucional, puntualizó la doctora.
“Tendrían un efecto regresivo en el ejercicio al derecho a la transparencia que tienen los ciudadanos”, sostuvo.
Por ejemplo, se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para reservar información; o que la ley en materia de transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes, con lo que se subordinaría a otras disposiciones.
“Es lo que siempre nos pasa: firmamos tratados y luego esos tratados quedan subordinado a leyes nacionales con las cuales se debilita el contenido original”, expuso.
También, se busca excluir a ciertas instituciones de la ley de transparencia, en particular a Pemex y la CFE, “lo cual sería gravísimo… en el momento en el que se abre el sector energético a la inversión privada, donde más transparencia debería haber, a la forma en la cual se licita, cómo se ganan los contratos, quiénes participan; además en dos instituciones que traen arrastrando una larga historia de irregularidades y de corrupción”.
Dresser agregó que en la ley -según la propuesta del PRI-PVEM y la Consejería de la República- se busca ampliar los plazos de reserva de información.
“Si ya teníamos un problema de que la información estaba reservada 10 años, en casos de supuesta seguridad nacional… ahora si se amplian los plazos va a ser una generación en la que nos vamos a quedar sin información que es nuestra”, comentó.
Incluso, se busca eliminar obligaciones de transparencia, como eliminar la obligación de que funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
En suma, las modificaciones que se pretenden, “constituyen un grave retroceso”, por lo que “hay que prender todos los focos rojos”, involucrar a todas las organizaciones de la sociedad civil, y elevar el costo político para el PRI, el Partido Verde, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que lleven a cabo esas acciones que están sugiriendo, en lo oscurito, “y prevenir que nos arrebaten la joya de la corona y que a cambio nos entreguen espejitos de plástico, además sugiriendo que esto constituye un avance, cuando en realidad no lo es”.
Fuente: http://aristeguinoticias.com/
