Postura de la presidenta del Cadhac, Consuelo Morales, sobre la declaración del Procurador Murillo Karam entorno a caso Ayotzinapa.

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Desde CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey, México, nos sentimos muy preocupados, muy preocupadas por las declaraciones que ha hecho el Procurador Jesús Murillo Karam de México en torno al caso Ayotzinapa.
Vemos que la autoridad no está a la altura de las circunstancias y que lejos de ayudar a acercarnos a la verdad y a la armonía nos está separando; nos parece que el Sr. Murillo Karam no ha cumplido con su compromiso de mantener informadas de cerca a las familias y a las personas u organizaciones que legalmente les acompaña. Esto es muy importante, ¿por qué? porque estamos en un momento de mucha confusión y hay una gran crisis de credibilidad hacia las autoridades. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProDH, quienes acompañan el proceso, también manifiestan sus preocupaciones y dudas en torno a las declaraciones que vertió el Procurador General.
Ante esto, quiero hacer mención de dos asuntos que me parecen muy importantes: uno, lo relativo a que según el Sr. Murillo Karam puede afirmar que no hubo ninguna intervención militar, y vale la pena mencionar que la omisión es también un aspecto fundamental en esto, y en ello nos unimos a la solicitud de que se haga una verdadera investigación en torno a esto. Pero también nos preocupa que el Sr. Murillo Karam esté preocupado por elevar el número de años qué puedan ser sancionados estas personas, autores materiales, sin que se haga una investigación más profunda y se llegue también a la estructuras que de alguna manera favorecieron que este tipo de hechos sigan llegando o hayan llegado hasta tal fin, y en ese sentido vemos que están preocupados por una tipificación que no necesariamente corresponde a la mirada ni preocupación de las organizaciones sociales que les acompañan o bien de los familiares. Y es que necesitamos que se encuadre en el delito de desaparición forzada porque constituye la detención legal o ilegal de unas personas con la intervención de alguna manera, o no intervención (omisión) pero favorecieron esta desaparición, luego seguida de una negación del paradero del paradero de estas personas. Y en este sentido nosotros nos unimos a la solicitud de que se considere, que se tipifique como una desaparición forzada, no importa tanto el número de años, pero sí (que) este delito establece una responsabilidad directa del Estado de la cual no debe ni puede renunciar, es más analizar bien por qué se dieron los hechos y buscar todos los medios posibles para que esto no se vuela a repetir.

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