De los 15 mil jóvenes mexicanos que, en promedio, son detenidos al año por la Patrulla Fronteriza, hasta un 60% refiere que intentó migrar a Estados Unidos para huir de la violencia. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la ACNUR, sólo un 5% de esos jóvenes tienen la oportunidad de exponer su caso ante un juez de migración estadounidense, para determinar si tienen derecho a protección en los Estados Unidos, y eviten así la deportación a los lugares de los que huyeron.
Ante esta situación, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) elaboró un informe y un mini-documental, en el que a través de entrevistas realizadas con niños migrantes, la Patrulla Fronteriza, autoridades mexicanas y expertos en el tema, muestran que, a menos que los niños mexicanos puedan demostrar a un agente de la Patrulla Fronteriza que enfrentan un riesgo creíble de ser víctimas de persecución o trata de personas, éstos son enviados directamente a su país de origen, sin oportunidad de ser escuchados y sin un debido proceso.
En contraste, la organización civil WOLA expone que, según la ley estadounidense, los menores migrantes de otros países —que no sean de México y Canadá—, sí tienen derecho a una audiencia migratoria.
“Hicimos este proyecto para llamar la atención sobre algo que nos parece una injusticia en cuanto a la protección de los niños y el derecho a la infancia”, expone en entrevista con Animal Político Maureen Meyer, coordinadora principal del programa México y derechos de los Migrantes de WOLA, que recuerda que en el año 2008 en Estados Unidos se aprobó una ley que tenía como finalidad dar una mayor protección a los menores. Sin embargo, en esa ley se quedaron fuera los jóvenes de nacionalidad mexicana o canadiense, por ser países fronterizos con Estados Unidos.
“Hay una diferencia clave entre los niños mexicanos y el resto –expone Meyer-. Y es que si un menor centroamericano es detenido por la patrulla fronteriza en su intento de entrar a Estados Unidos, lo van a llevar a un centro de refugiados y luego lo mandarán a la casa de un familiar, donde esperará a que se cumpla su derecho de comparecer ante un juez para que se estudie su caso y se analice si acceden a darle protección y asilo”.
“En cambio, en cuanto a los niños mexicanos, parece que la tendencia es asumir que éstos son para deportarlos directamente, y que la mayoría vienen por motivos diferentes a los de trata de personas, violencia, o persecución. Pero nosotros, viendo la situación de inseguridad que hay en México, pensamos que estos niños merecen la misma protección que cualquier otro de Centroamérica”, señala Mayer.
Asimismo, en el mini-documental de WOLA, en el que se narran diferentes historias de menores migrantes mexicanos, se muestra que la Patrulla Fronteriza no está capacitada ni equipada adecuadamente para evaluar si los jóvenes deben ser referidos a otra entidad para una revisión adicional de su caso.
“Se supone que la Patrulla Fronteriza tiene un cuestionario, y que deben preguntarles a los menores mexicanos una serie de cosas para asegurarse que éstos no están huyendo de la violencia, o que no son víctimas de persecución, ni de trata. Pero creemos que en muchos casos no les hacen estas preguntas”, indica la coordinadora principal del programa México de WOLA.
En este sentido, en el informe elaborado por WOLA, en el que se hace una serie de recomendaciones a los gobiernos de México y Estados Unidos, se hace hincapié en que EU tiene una responsabilidad para asegurar que se evalúe adecuadamente a estos menores y se les dé una protección adecuada.
“Todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra la violencia. Como mínimo, la Patrulla Fronteriza debe recibir mejor capacitación para evaluar a estos niños e identificar a víctimas de trata, persecución, u otro tipo de abuso”, insiste Meyer, que critica que ambos países “están incumpliendo con ayudar y proteger a estos niños que huyen de la violencia, y a menudo los devuelven a entornos que pueden poner sus vidas en riesgo”.
Fuente: www.animalpolitico.com
