En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, once organismos por la defensa de estas garantías constitucionales, asumieron que Nuevo León así como el país, tienen una deuda pendiente con miles de víctimas de la violencia desde hace años.
Manifestaron que la tragedia humanitaria que se vive en México desde algún tiempo, ha sido visibilizada por medios nacionales e internacionales a raíz de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El 2014 ha sido uno de los peores años en la historia de México para los derechos humanos”, afirmaron tras denunciar la grave situación que se vive en el país derivada de un casi inexistente Estado de Derecho.
Asimismo, un gobierno que bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la implementación de políticas de seguridad, ha derivado en sistemáticas violaciones a derechos humanos.
Es decir, asesinatos de periodistas, desapariciones, desapariciones forzadas, feminicidios, tortura, abuso de autoridad, criminalización de la protesta, persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos.
Asimismo, trata de personas, ejecuciones extrajudiciales y una gama de delitos que laceran nuestra sociedad.
“Hoy, México se convulsiona por la indignación no sólo nacional, sino también la condena de la comunidad internacional que exige justicia y verdad para las víctimas y un gobierno que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos y los tratados internacionales que ha suscrito.
“En este Día Internacional de los Derechos Humanos consideramos importante mencionar también el caso Tlatlaya, en donde 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército”, declararon.
Dijeron que este hecho fue considerado por Human Rights Watch como uno de las “peores atrocidades” que se han visto en México y que nos recuerda a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército durante la mal llamada “Guerra Sucia”, la masacre de Aguas Blanca, Acteal y otras que han quedado en la impunidad.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto debe dar cuenta a la sociedad sobre los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y las más de 22 mil personas desaparecidas en todo el país, llevando las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y reparando el daño a las víctimas.
“Además de poner en práctica políticas efectivas de atención y prevención de la violencia social de la que es partícipe y que seguimos dolorosamente padeciendo”, agregaron.
En su misiva a los medios de comunicación, estos organismos por la defensa de los derechos humanos, afirmaron que México es parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por ello está obligado a respetar, aplicar y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948, así como todos los acuerdos y tratados firmados y ratificados.
“La vigencia de los derechos humanos requiere la decidida erradicación de la impunidad y corrupción en México, y un alto a toda simulación gubernamental. Es inaceptable que a 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos en México continúen en franco retroceso”, concluyeron.
Los organismos firmantes son: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Guerrero.
Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Baja California, Sinaloa y Sonora.
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (Cedimac), Cd. Juárez, Chihuahua.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León.
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces (COFADDEM), Morelia, Michoacán.
Colectivo por la Paz, región Xalapa, Veracruz.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Distrito Federal y Oaxaca.
Comité de Derechos Humanos de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH Laredo), Tamaulipas.
Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Cd. Juárez, Chihuahua
VIDA, Torreón, Coahuila.
Zacatecanos por la Paz, Zacatecas