Por Verónica Calderón México
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Los 43 estudiantes de magisterio mexicanos asesinados el pasado 26 de septiembre pertenecían a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una diminuta comunidad serrana de apenas un centenar de habitantes en Guerrero, al sur de México y uno de sus estados más pobres. Pero no es la primera vez que la palabra retumba en los oídos del país.
El guerrillero mexicano Lucio Cabañas también egresó de esa Escuela Normal Rural, de la de Ayotzinapa. Cabañas fundó el Partido de los Pobres, un grupo armado que en 1974 secuestró al senador —se convirtió en gobernador un año después— Rubén Figueroa Figueroa.
El suceso, de hace 40 años, recuerda que Guerrero arrastra una larga historia de pobreza, olvido, cacicazgo y violencia: un cóctel que la masacre de Iguala, ordenada por el propio alcalde del municipio según las investigaciones, ha dejado al desnudo.
Al menos 14 de los 221 municipios de Guerrero ya han sido intervenidos por fuerzas federales en el mes que ha transcurrido desde la tragedia, pero la violencia ha subido desde hace mucho tiempo. Su sinuosa orografía no hace fácil el acceso a los pueblos. Mientras que una cuarta parte de sus 3,4 millones de habitantes viven en Acapulco, que tiene la tercera tasa más alta de homicidios del mundo, solo superada por San Pedro Sula y Caracas, de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Paz. De los demás pueblos, ni hablar. El cruce de las Sierra Madre y las del Sur se traduce en caminos que parecen inexpugnables a lo lejos y terreno fértil para una red de cacicazgos que lleva décadas.
Solo hay que seguir la estela de algunos de sus gobernantes para entender el alcance de esa red de cacicazgos y su por qué. La pobreza que se extiende en los otros 220 municipios de Guerrero obliga a la mayoría de sus habitantes (hombres, mujeres, niños) a recorrer todo el país para trabajar como recolectores en las cosechas de tomate en Sinaloa, manzanas en Chihuahua o chiles en Guanajuato y, junto con sus ínfimos sueldos, sobrevivir gracias a subsidios federales gestionados, en muchas ocasiones, por sus gobernantes regionales.
El caso de Cabañas y Figueroa es emblemático. Su enfrentamiento es uno de los episodios de la Guerra Sucia en México: el periodo de represión política y militar efectuado entre los años sesenta y setenta cuyo objetivo era disolver movimientos opositores políticos y armados contra el partido hegemónico del país, el PRI.
El movimiento de Cabañas inició manifestaciones, al inicio pacíficas, para denunciar la pobreza de las poblaciones y el enfrentamiento, cada vez mayor, entre los campesinos y los caciques regionales. “Los caciques han sido gente que hacen todo, ponen autoridades, compran cosechas baratas, manejan la economía a su antojo. Los gobiernos se apoyaban nada más en los caciques para promover el voto, eran los líderes que hacían todo; pero eso trajo como consecuencia dificultades, porque la demás gente quiere desarrollarse, quiere estudiar, quiere curarse, quiere que su familia salga adelante”, afirma Evaristo Castañón, campesino de El Quemado, una comunidad de Atoyac, a 100 kilómetros de Acapulco, en una investigación de la Universidad George Washington.
Cabañas, que llevaba en las actividades guerrilleras por lo menos 10 años, ordenó el secuestro de Figueroa (entonces senador y en campaña política por la gobernatura de Guerrero) el 30 de mayo de 1974. El suceso cimbró al país. Fue liberado en un operativo militar el 8 de septiembre de ese mismo año, pero la embajada de EE UU dudó que no se hubiera pagado un rescate, tal y como lo había exigido Cabañas, según un cable del Departamento de Estado revelado por Wikileaks en 2011. Figueroa se convirtió en gobernador de su estado en abril de 1975. Para entonces, Cabañas ya había muerto en un enfrentamiento con el Ejército mexicano en diciembre del año anterior.
A la llegada de Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en 2002, para esclarecer las desapariciones, asesinatos y represiones ocurridas durante ese periodo.
La figura del cacique no es exclusiva de Guerrero, pero ha asentado ahí como en pocas partes. Rubén Figueroa Figueroa se enorgullecía de que le apodaran El Tigre de Huitzuco, y su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, siguió sus pasos en la política y también llegó a gobernador del estado hasta que otro escándalo le obligó a dejar el cargo. La matanza de Aguas Blancas, ocurrida en 1995. Un grupo de campesinos, que se dirigía a una manifestación para exigir la libertad de un líder rural, fueron emboscados por la policía. Diecisiete murieron y 21 resultaron heridos. La versión inicial de Figueroa era que los agentes “habían sido atacados primero”. Un vídeo demostró también que lo ocurrido había sido una emboscada contra civiles desarmados. ¿El sucesor de Figueroa? Ángel Aguirre Rivero, que más tarde decidiría insistir en volver a ocupar el cargo, ahora a través de las urnas y en las filas de otro partido, ahora el PRD, en 2010. Ocupó el puesto hasta el jueves 23 de octubre, obligado por la presión por otra masacre: esta vez la de Ayotzinapa. El ministro de Interior mexicano (secretario de Gobernación)
Los cabos sueltos terminan con el recién nombrado gobernador interino de Guerrero: Salvador Rogelio Ortega. En su discurso de investidura, Ortega mencionó a su madre, Rosaura Martínez, también profesora. El periodista Roberto Ramírez Bravo recuerda que, en los tiempos de la guerra sucia, Ortega fue detenido por la policía e ilegalmente retenido. Su madre recibiría un reconocimiento por 20 años de labor como profesora de manos del gobernador, Rubén Figueroa Figueroa, el propio Tigre de Huitzuco. Se negó a recibir el diploma y lo encaró de frente. Ortega salió poco después.
