Pérez, libró la cárcel hace meses al pagar la municipalidad millones de pesos a un particular que les ganó un pleito legal.
La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), detectó irregularidades en el proceso de licitación de la compra de 16 mil luminarias por parte del gobierno municipal de Santa Catarina, al poniente de la zona metropolitana regiomontana.
La administración de esa localidad es encabezada por el alcalde de extracción panista Víctor Pérez, quien libró la cárcel hace meses al pagar la municipalidad millones de pesos a un particular que les ganó un pleito legal.
De acuerdo a la Cuenta Pública 2013 enviada por el Auditor Interino, Gilberto Mireles, al Congreso del Estado, la adquisición estuvo plagada de irregularidades que deberán derivar en sanciones en contra de los funcionarios involucrados.
La principal irregularidad entre las violaciones a la Ley de Adquisiciones del Estado señala que la empresa ganadora de la licitación; Investigación y Desarrollo Tecnológico para Servicios Eficientes, S.A. de C.V., nunca le presentó al municipio una propuesta oficial, y éste a su vez otorgó la licitación sin comparar los precios del mercado, lo que derivó en un contrato por 180 millones de pesos que el municipio deberá de pagar por los próximos 10 años.
El municipio también entregó como garantía a Investigación y Desarrollo Tecnológico para Servicios Eficientes, S.A. de C.V. un monto de 5 millones 180 mil pesos, pese a que en la Convocatoria Pública se aclaró que no habría adelantos a las empresas ganadoras.
En el Contrato, no se especifican de manera precisa las obligaciones que tendrán cada una de las personas morales que realizaron la propuesta conjunta, según el análisis de la Cuenta Pública 2013.
Marco Heriberto Orozco, Secretario de Ayuntamiento de Santa Catarina, rechaza las irregularidades sin dar pruebas y afirma que cuando inició la administración no había luminarias y hoy todo mundo está contento.
El alcalde Víctor Manuel Pérez libró la cárcel al pagar 46 millones de pesos que un juez ordenó liquidar a un ciudadano, quien fue despojado de un terreno por pasadas administraciones de ese municipio también gobernadas por el PAN y que se habían negado a liquidar.