Con la oposición del PRD, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal del Estado, Código de Procedimientos Penales, Ley del Instituto de Control Vehicular y la Ley Para Prevenir el Abuso del Alcohol, para que quienes conduzcan bajo los influjos del alcohol o una droga que atropellen y quiten la vida a una persona, ya no tendrán derecho a cumplir su pena en libertad como sucede hasta el momento, o al menos cumplirán la mayor parte de la condena en la cárcel.
Asimismo, se faculta a las corporaciones de Vialidad y Tránsito municipales para cancelar temporal o en definitiva las licencias de conducir en casos donde se detecte a ciudadanos conduciendo bajo los influjos del alcohol o alguna droga, o por manejar y utilizar al mismo tiempo un aparato celular para hablar o mandar mensajes de texto, siempre y cuando no se haga con el dispositivo de manos libres.
Las reformas incluyen arrestos administrativos de hasta 36 horas, servicio a la comunidad y multas, así como la obligatoriedad de acudir a un centro de rehabilitación para adicciones, que cabe destacar ya existe en la ley pero como una opción que la autoridad pocas veces aplica.
Con las reformas a los artículos 66 y 67 del Código Penal del Estado se califica como agravante de homicidio culposo o imprudencial huir de la escena del crimen, estar en estado de ebriedad o intoxicación con alguna droga, y en caso de estar presentes estos elementos se retirará el derecho de la pena conmutada, o en libertad.
“El imputado que sea condenado por homicidio culposo grave no tendrá derecho a la condena condicional o a la substitución de sanción. Adicional se impondrá en los términos del artículo 52 fracción II de este código la suspensión del derecho a conducir vehículos automotores hasta por un término igual al de la pena privativa de la libertad”, leyó el diputado Francisco Cienfuegos Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia.
Sin embargo, se prevé permitir que por decisión del juez se pueda determinar que la pena se cumpla de forma proporcional en prisión y en libertad condicionada.
Los diputados locales del PRD, Erick Godar Ureña Frausto y Eduardo Arguijo Baldenegro, se manifestaron en contra de la medida al señalar que será contraproducente recluir a estas personas en los penales del estado donde se mezclarán con delincuentes de otro nivel, como homicidas y narcotraficantes.
Además consideró que la medida es desproporcional, ya que no se puede juzgar de la misma manera a una persona que comete un delito doloso a uno imprudencial, por lo que será susceptible a amparos.
