Uno de los objetivos de una política migratoria sensata debería ser unir a los miembros de familias y mantenerlos juntos. El gobierno de Estados Unidos no debería estar arrebatando a niños de sus padres o familiares cercanos y deportándolos de vuelta a sus países de origen destrozados por la pobreza y la violencia vinculada al narcotráfico.
Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo con los niños que han huido a este país desde Centroamérica.
Según el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, el gobierno ha estado deportando a varios miles de migrantes a la semana a Centroamérica gracias a la adición de aeronaves y frecuencias de vuelos para devolverlos. Cecilia Muñoz, directora de política interna en la Casa Blanca, dijo en el programa de noticias “PBS NewsHour” en junio que “el proceso de deportación comienza cuando llegan” y es probable que “la gran mayoría de esos niños acaben regresando a su país”.
Johnson dijo el mes pasado que “las medidas de seguridad enérgicas en la frontera” implementadas en respuesta a las migraciones ya han costado US$405 millones. El gobierno de Barack Obama ha solicitado al Congreso US$1.200 millones adicionales para construir centros de detención y tribunales temporales de inmigración para agilizar más el proceso, al igual que para construir más barreras e incrementar las patrullas fronterizas para bloquear la entrada de niños.
El enfoque decidido del gobierno en la implementación y la deportación está equivocado y es moralmente indefendible.
Bajo una ley contra la trata de blancas de 2008, los niños sin acompañantes detenidos en la frontera son inicialmente colocados bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños después son trasladados a la custodia de un padre, familiar cercano o un tutor con las cualidades necesarias mientras atraviesan por el proceso de deportación. En julio, casi 90% de estos niños habían sido entregados a familiares o tutores.
Se les debe permitir permanecer en EE.UU. a los niños migrantes que se han reunido con sus padres o familiares cercanos, y el presidente Obama puede emitir visas temporales que los dispensen de la deportación. El presidente Franklin D. Roosevelt tomó medidas similares durante la Segunda Guerra Mundial para traer a cerca de 1.000 refugiados judíos de Italia a la seguridad de Fort Ontario, en el estado de Nueva York.
El público apoyaría a Obama. Una encuesta realizada en julio por la organización sin fines de lucro Public Religion Research Institute halló que 62% de los estadounidenses —incluyendo una mayoría de los republicanos encuestados— mantenía que los niños migrantes deberían ser tratados como refugiados y se les debería permitir permanecer en EE.UU. si sus países de origen no son seguros.
En cambio, el gobierno ha estado realizando audiencias de deportación a toda velocidad. TRAC, un grupo de política de la Universidad de Syracuse, recientemente informó que, en promedio, los menores de edad en Phoenix esperan solo 66 días antes de que sus casos fueran escuchados por un juez de inmigración. En contraste, otros casos de inmigración en Phoenix tuvieron un tiempo de espera promedio de 805 días. Los casos de menores de edad fueron procesados incluso con mayor rapidez en Omaha, Nebraska, en donde el tiempo promedio de espera fue de 10 días, comparado con 840 días en todos los demás casos.
Este ritmo acelerado presenta cuestionamientos serios sobre si los niños migrantes de Centroamérica están recibiendo un proceso legal adecuado. ¿Están recibiendo representación legal? ¿Tienen la oportunidad de desarrollar y presentar sus declaraciones de asilo? Todo inmigrante tiene el derecho a recibir una audiencia completa y justa.
Aún más importante, el gobierno de Obama y el Congreso deben reconocer que deportar más niños migrantes no impedirá que otros huyan la violencia y la pobreza en Centroamérica. Las medidas de bloqueo como muros más altos y más guardias armados son obstáculos débiles.
Las causas de la migración de Centroamérica son el crimen y la pobreza. Una política estadounidense más sabia proporcionaría más ayuda extranjera a El Salvador, Guatemala y Honduras, en donde se necesita el dinero para combatir los carteles de la droga y las pandillas callejeras, mejorar la educación pública y reanimar la economía.
La violencia en estos países es rampante, impulsada por los carteles de la droga y las pandillas callejeras que usan a Centroamérica de puente entre las provisiones de droga de Sudamérica y la demanda en EE.UU. La situación de seguridad en Honduras se ha deteriorado tanto que la Peace Corps ha retirado a sus voluntarios. Por motivos similares Peace Corps también ha reducido sus operaciones en El Salvador y Guatemala.
La ayuda extranjera se podría utilizar en estos países para mejorar sus ejércitos y fuerzas policiales, que podrían asimismo combatir los carteles y restaurar la seguridad. Obama debería guiar a la Administración de Control de Drogas (DEA) a concentrarse en particular en los narcotraficantes de estos países que proveen al mercado estadounidense.
Los males económicos en Centroamérica han causado menos empleos y más pobreza. En julio, los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras apelaron a Obama y el Congreso en busca de ayuda monetaria que pueda emplearse para fomentar el crecimiento económico. Deberíamos proporcionar esa ayuda, tanto al gobierno centroamericano como a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esos países en torno a estos temas. La seguridad personal y la oportunidad de llevar una vida digna motivarían a estos niños a permanecer en sus países de origen.
Sin embargo, para los niños que ya están aquí y que se han reunido con sus familiares en EE.UU., debemos mostrar compasión y mantenerlos unidos con sus familiares. Seguir arrojando miles de millones de dólares a las deportaciones, centros de detención y muros no solo separará familias sino que está condenado a fracasar, y a gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes.
Morgenthau, fiscal de distrito de Manhattan desde 1975 a 2009, es abogado adjunto de la firma legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
