En mi artículo de la semana pasada referí la paliza que policías de Baja California propinaron a un grupo de antorchistas de la ciudad de Mexicali, capital del estado, el día 24 de julio de los corrientes, por haberse acercado en masa al edificio donde despacha José Rafael Díaz Ochoa, presidente municipal de la capital bajacaliforniana, con propósito de hacerle saber directamente la total falta de soluciones a algunas de las necesidades básicas que le fueron planteadas, a él y a su ayuntamiento, con toda oportunidad. El día escogido por los antorchistas para su movilización fue el mismo que el propio presidente municipal ha publicitado como de “audiencia pública”, encabezada personalmente por él, para escuchar y conocer de viva voz los problemas, carencias, quejas y demandas de sus gobernados, darles respuesta inmediata si ello es posible, o canalizarlos a las áreas de gobierno correspondientes para su debida atención. Pero, como dije la semana pasada, los antorchistas hallaron algo muy distinto de lo que buscaban: en vez de atención y soluciones, una paliza policiaca, obviamente ordenada por la misma persona a quien acudían en demanda de comprensión y justicia. El saldo: varios lesionados (sin excluir ancianos, mujeres y niños), muchas madres con sus pequeños hijos víctimas de una crisis nerviosa, y cinco dirigentes detenidos, entre ellos, Dióscoro Gómez Vázquez y el profesor Alfonso de Jesús Villagrán, ambos miembros del Comité Estatal. Los cargos: ultrajes a la autoridad (?) lesiones y lesiones agravadas (??).
Repito que los detenidos fueron golpeados, torturados psicológicamente y amenazados de varios modos y finalmente, gracias a la oportuna y eficaz defensa de su abogado y a la fraterna solidaridad de sus compañeros, fueron puestos en libertad condicional, es decir, sujetos a proceso que deberán seguir fuera de la cárcel. Así estaban las cosas cuando, el día 4 de agosto y sin motivo aparente, aparecieron en la prensa local declaraciones del subprocurador de justicia para la zona de Mexicali, Fernando Ramírez Amador, en las cuales reiteró los cargos en contra de los antorchistas ya excarcelados en tono afirmativo, acusatorio y no presuntivo, como debería ser; “informó” que los “antorchistas” se hallaban libres pero “vinculados a proceso por tres meses” y que, mientras tanto, “se tomó la medida cautelar” de citarlos a firmar semanariamente en el área donde se halla radicado su expediente. Se le olvidó decir al señor subprocurador que también se “tomó la medida cautelar” de prohibirles terminantemente acercarse al palacio municipal por todo el tiempo que dure el proceso, so pena de volver a ser encarcelados automáticamente, quizá porque está consciente de que esto es una arbitrariedad pura y simple, un brutal abuso de poder que no se sustenta en mandamiento legal alguno y que es, por tanto, un delito cometido por la autoridad.
Sobre la base de todo esto, concluí que el momento, el tono y la gratuidad aparente de las declaraciones del subprocurador Fernando Ramírez Amador, no podían leerse sino como una amenaza, como una reiteración de la decisión del gobierno de Baja California de continuar persiguiendo y encarcelando, con o sin la ley en la mano, a todo aquel que persistiera en su actitud de protesta y denuncia en defensa de los más desamparados. Y, desgraciadamente, no tuve que esperar mucho para ver confirmado mi pronóstico: el viernes 8 de agosto, ahora en la ciudad de Tijuana, fueron “asegurados” tres antorchistas, entre ellos el mismo profesor Alfonso de Jesús Villagrán, recién excarcelado por los hechos del 24 de julio, que se hallaban realizando una colecta pública para financiar su lucha, tal como lo ha hecho el antorchismo de todo el país desde hace 40 años. Por ahorrar espacio, copio textualmente la información aparecida en el diario “El Mexicano”: “Detienen a tres por corrupción de menores. La policía municipal detuvo a tres personas por el presunto delito de corrupción de menores; utilizaban a cinco niños para pedir dinero en las calles de la ciudad. Los detenidos son: Juan Carlos Balderas Colunga de 43 años de edad, Guillermo Crisanto Escamilla de 23 años y Alfonso de Jesús Villagrán Contreras de 29 años;
