El pasado 24 de julio, un grupo de habitantes de Mexicali organizados en las filas del Movimiento Antorchista de Baja California, se acercaron al palacio municipal (nunca pusieron un solo pie dentro del inmueble) donde despacha el presidente municipal panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, para demandarle atención a sus múltiples demandas, todas dentro de los programas de obras y prestación de servicios que maneja el Ayuntamiento mexicalense y que han venido gestionando desde hace meses, sin que hasta hoy hayan recibido algo más que promesas, aplazamientos y amenazas de los funcionarios municipales. Y fue precisamente este largo, penoso e inútil vía crucis lo que finalmente los decidió a presentarse en grupo, el jueves 24 de julio, para intentar hablar directamente con el señor presidente y conocer de viva voz la respuesta a su pliego de peticiones.
Pero lo que consiguieron fue muy distinto a lo que esperaban: en vez de atención respetuosa y respuesta clara a sus justificadas quejas, de manera intempestiva y sin advertencia alguna (aunque fuera para disuadirlos de su protesta), un numeroso contingente de policías, armado con todo tipo de instrumentos contundentes, se les echó encima y comenzó a propinarles una feroz paliza, sin cuidarse de en qué parte del cuerpo de las víctimas descargaban sus furibundos y rabiosos golpes y sin distinguir entre hombres y mujeres, adultos y niños, discapacitados o gente en aptitud de al menos correr para escapar de la brutal agresión. El resultado fue el que tenía que ser: hombres y mujeres policontundidos, niños y anciano descalabrados, madres e hijos con crisis nerviosas o en estado de “shock” y 5 dirigentes detenidos, entre ellos Dióscoro Gómez Vázquez, miembro del Comité Estatal Antorchista de Baja California. Estos últimos fueron golpeados, torturados verbal y psicológicamente, y reiteradamente amenazados con todo tipo de “castigos” durante los tres días en que fueron huéspedes de honor del Presidente panista de Mexicali.
Tras la golpiza, soltaron a su jauría mediática (pagada por cierto con los impuestos de las mismas víctimas de la represión) para desorientar, desinformar y confundir a la opinión pública con una versión falsa y distorsionada de los hechos y ocultar la arbitrariedad y el abuso de poder del presidente municipal. “La policía municipal expulsó a manifestantes del ayuntamiento por bloquear las puertas de acceso” dijo la prensa. Pero sólo se puede expulsar de un lugar o recinto a quien se halle dentro de él y los antorchistas, como ya dije, nunca pusieron un pie dentro del inmueble del Ayuntamiento, razón por la cual no pudieron ser expulsados de allí. Y en cuanto a que “bloquearon las puertas de acceso”, yo puedo probar, con fotografías y videos en mano, que esa acusación es totalmente falsa; que los antorchistas nunca “bloquearon” ningún acceso, ni voluntaria ni involuntariamente, y que se trata, por tanto, de una sucia maniobra mediática para justificar la represión. Otro reportero escribió que “Elementos de la policía tuvieron un enfrentamiento con un grupo de manifestantes…” ¿Un
