13 de febrero de 2014
El municipio de Apodaca presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que interprete y determine los alcances jurídicos de la Ley de Aeropuertos, con el fin de que la concesionaria que administra el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) contribuya con el pago de impuestos y derechos municipales.
El Alcalde Raymundo Flores Elizondo, informó que con este recurso se busca lograr que tanto el concesionario como los propietarios de los locales que están instalados en la zona, se pongan al corriente en el pago del impuesto predial, permisos y derechos de construcción, refrendos, así como en la autorización para la venta de alcohol.
“Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda, aquí todo mundo tiene que pagar los impuestos que nos corresponden y ellos no lo han hecho nunca”, destacó el edil.
En la controversia interpuesta este lunes, el Ayuntamiento justifica el cobro del impuesto predial basado en el artículo 41 de la Ley de Aeropuertos, mismo que señala que “los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, que correspondan”.
“La impugnación es porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), le otorgó al aeropuerto el Plan Maestro de Construcción como si fuera éste una isla, de tal manera que no toman en cuenta al Estado ni al municipio”, agregó.
El Gobierno Federal, en 2010, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la concesionaria el Plan Maestro de Construcción.
En este sentido, OMA ha desarrollado un sinfín de servicios que no corresponden a la concesión del aeropuerto como es la venta de alimentos y bebidas alcohólicas, boutiques, cafeterías, renta de vehículos, locales comerciales, gasolineras, entre otros.
“Cada vez que hemos intentado acercarnos para cobrar lo que le corresponde al municipio, la concesionaria se ampara y gana el recurso, por lo que en esta ocasión decidimos llevar el caso al Máximo Tribunal”, comentó Flores Elizondo.
En Noviembre pasado el municipio clausuró una gasolinera y un complejo de locales comerciales, ubicados dentro de los terrenos concesionados para la operación del grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), por carecer de un estudio de impacto ambiental, licencia de construcción, permiso de uso de suelo y edificación. En ese momento OMA tampoco contaba con estudios de análisis de riesgo ni con la anuencia municipal para la construcción de un parque industrial.
El Coordinador de Asesores del municipio, Raúl Ramírez Castañeda, dijo que OMA es la única empresa que incumple con el pago de los impuestos municipales.
“Consideramos que hay una clara violación a nuestro principio y autonomía municipal consagrada en el Artículo 115 Constitucional”, agregó.
El funcionario municipal reveló que ya existe un antecedente de pago de impuesto predial del aeropuerto de Zihuatanejo en el cual, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Colegiado establecieron que los concesionarios deben de pagar el impuesto predial en las actividades que tengan una vocación distinta a la concesión aeroportuaria.
Con las acciones emprendidas en contra de OMA se busca que en Apodaca, prevalezca el estado de derecho y no haya privilegios ni discriminación alguna en el cumplimiento de las contribuciones de carácter municipal.
“Esperamos que los magistrados resuelvan a favor del municipio, estoy convencido de que así será, porque todos debemos contribuir con nuestras obligaciones fiscales”, puntualizó.
