Como parte de las acciones para dar marcha atrás al aumento de tarifas del transporte público, este martes el Ayuntamiento de Monterrey aprobó por unanimidad interponer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto.
El punto de acuerdo presentado por la Alcaldesa, Margarita Arellanes, establece promover un procedimiento jurídico contra el acuerdo de autorización de tarifas del servicio público de transporte de pasajeros en sus diversas modalidades, emitido por la Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte en la entidad.
La munícipe regiomontana informó que una vez publicado este acuerdo en la gaceta municipal, acudirá personalmente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar este documento acompañada por sus homólogos de los municipios de San Pedro, San Nicolás y Santa Catarina.
“La próxima semana estaremos acudiendo directamente a la Suprema Corte de Justicia para presentar directamente el documento. Tenemos el apoyo de fiscalistas muy reconocidos en nuestro Estado. Ya hay antecedentes de esto en donde se ha dado la suspensión y esperemos que este sea el caso”, manifestó.
En Monterrey diariamente un millón de regiomontanos utilizan el transporte público, de los cuales el 70 por ciento se ven afectados por el alza de tarifas al no contar con la “tarjeta feria” o no utilizarla.
En la ciudad, el costo del transporte urbano representa el 18.82 por ciento del salario mínimo aprobado.
