Ante las observaciones enviadas por el Ejecutivo del Estado respecto al proceso de selección de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la diputada Greta Barra, por el Partido Morena, señaló que el Congreso debe reconocer su error y repetir el proceso incluyendo una convocatoria pública.
El gobernador del Estado, Samuel García, rechazó la extensión del mandato de la presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano, argumentando que debe realizarse una consulta pública transparente y que se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
Esta observación se suma a los señalamientos de Greta Barra, diputada de Morena, que hizo el pasado 11 de diciembre, cuando Méndez Arellano fue ratificada por el pleno con 25 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones.
Sobre la observación que realiza el Ejecutivo, Barra señala que el Congreso debe reconocer su error y repetir el proceso incluyendo una convocatoria pública.
“Espero que en el Congreso podamos aceptar con humildad que cometimos un error, que pudimos haber hecho este procedimiento de una mejor manera y sobre todo, que la ciudadanía no pare con su exigencia a que repongamos este proceso.”
Greta Barra resaltó que este escrito se suma a los señalamientos realizados por ciudadanas y ciudadanos, que incluso declararon se ampararían ante la ratificación.
“A mi parecer fue llevado (el proceso) fuera de la ley mañosamente y sobre todo erróneamente, ya que en el artículo 161 muy claramente habla de la prórroga y del proceso para la convocatoria.”
Finalmente, la diputada morenista hizo un llamado a las y los diputados a mejorar su actuar y no quitar el derecho que tienen las personas que cumplan con los requisitos a participar en esta convocatoria.
Hay que recordar que horas antes de la ratificación de Méndez Arellano las colectivas GirlUp Políticas UANL, Iris Feminista, Tu Uanti IFA NL, Mujeres por México es Nuestro Compromiso, Mujeres CONAMEX, Lesbianas Visibles Monterrey, Include N.L., y Voces de Mujeres en Acción denunciaron que el aval hacia Méndez Arellano era violatorio de los principios de legalidad, transparencia y equidad que deben regir las instituciones públicas.
