En los últimos años, Nuevo León ha experimentado un incremento en las violaciones a los derechos de las personas periodistas. Desde 2020 hasta agosto de 2024, se han registrado 28 casos, 24 en la administración actual, de los cuales en 8 se proporcionaron atenciones diversas y se aperturaron 16 expedientes de queja, 6 de oficio y los restantes a petición de parte, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, intimidación, censura, amenazas y agresiones directas.

Este contexto de violencia y vulnerabilidad atenta contra la libertad de opinión y expresión, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la Constitución.

Por lo que hoy, se hace un atento llamado a los Poderes Públicos del Estado de Nuevo León para que asuman su responsabilidad y tomen acciones urgentes para garantizar la seguridad de las personas periodistas y su derecho a la libertad de expresión y opinión.

La violencia y las amenazas contra periodistas obligan a muchos a abandonar su profesión. Informes de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas destacan que esta problemática está arraigada en diversas formas de censura y represión estatal.

Ante ello, se deben investigar y enjuiciar a quienes amenacen, acosen, o agredan a periodistas, así como aprobar leyes y políticas para prevenir, prohibir, investigar y enjuiciar las agresiones. También se deben adoptar medidas eficaces para prevenir las agresiones y proteger a las y los periodistas, consultando a las partes interesadas y evaluando su eficacia periódicamente.

En Nuevo León, no se cuenta con una ley o mecanismo local de protección para periodistas, lo que los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad; por lo que, en Nuevo León se debe establecer un marco integral de protección para personas periodistas.

La libertad de opinión y expresión es esencial para una labor informativa sin censura ni trabas. Las y los periodistas tienen derecho a una protección legal específica debido al interés público de su labor. Los estados deben abstenerse de imponer restricciones arbitrarias y establecer medidas legislativas y reglamentarias para garantizar su seguridad.

Es imperativo aprobar una ley integral que no solo defina de manera inclusiva a quienes ejercen el periodismo, sino que también establezca mecanismos efectivos de protección y medidas para regular la publicidad gubernamental en los medios, evitando influencias indebidas. Asimismo, se debe revisar la legislación que limita la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública, para asegurar que no se criminalice a quienes alzan su voz.