Con la próxima discusión en el Senado de la República de la llamada Reforma Judicial, desde el Consejo Agropecuario Nuevo León queremos hacer un llamado a revisar algunos puntos clave del dictamen ya aprobado y enviado por la Cámara de los nuevos Diputados federales.
El objetivo de dicha reforma se centra en la premisa que todos los mexicanos buscamos vivir en un entorno donde la justicia sea una realidad, para lo que es esencial contar con un sistema judicial eficiente, independiente, transparente y cercano a la gente. No obstante, la propuesta de reforma presenta algunos riesgos para la población y para los mismos que la realicen, que podrían afectar derechos, la calidad de vida de la sociedad y la certidumbre jurídica.
Creemos que es indispensable contar con una adecuada selección de jueces y magistrados para garantizar que quienes impartan justicia sean personas capacitadas y con una trayectoria intachable; para esta elección, consideramos que se debe basar en su capacidad técnica, experiencia profesional, ética y reputación, para que no se generen dudas sobre la legitimidad de los seleccionados y que no generen gastos excesivos al erario.
Otro punto importante es la creación del nuevo órgano disciplinario autónomo, que tenga a su cargo los procedimientos claros y transparentes para evaluar el desempeño de los jueces, conformado por personas con experiencia técnica, una fuerte calidad moral y total independencia. De esta forma, se evitará que las decisiones de este órgano generen presiones indebidas sobre el actuar de los jueces.
También creemos que la permanencia de los jueces debe depender únicamente de su desempeño, bajo criterios claros, objetivos y transparentes, esto nos aseguraría contar con juzgadores competentes y honorables. Esa evaluación debería estar a cargo del nuevo órgano de administración de justicia, y no del órgano disciplinario, para no mezclar las evaluaciones administrativas con las sanciones.
La implementación de esta reforma judicial también presenta desafíos; por ejemplo, si se aplica de manera apresurada, podría ralentizar la resolución de casos, generar vacíos en la impartición de justicia y afectar la calidad de las sentencias. Por eso, proponemos una transición gradual que permita a los nuevos jueces adaptarse al sistema y a quienes ya están en funciones, adecuar sus prácticas.
Además, consideramos que, para que la reforma cumpla con su objetivo primordial que es el asegurar una impartición de justicia pronta y expedita, no debe centrarse exclusivamente en el Poder Judicial y su alcance debe abordar la problemática de las fiscalías, ministerios públicos, defensorías públicas, la policía y las autoridades administrativas, pues son quienes atienden de primera instancia las necesidades de la gente y con base en los elementos que presentan, los jueces y magistrados dictan las sentencias correspondientes.
