Los diputados federales del PAN y PRI, Annia Gómez Cárdenas y José Luis Garza Ochoa, respectivamente, pidieron juicio político en contra de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.
Lo anterior, por presuntamente realizar acuerdos fuera de la Constitución, y canalizar asuntos y expedientes a la Sala que ellos desean para solución.
Los legisladores entregaron la solicitud en la Oficialía de Partes del Congreso local y exigen que los magistrados sean inhabilitados y retirados de sus cargos.
Gómez Cárdenas y Garza Ochoa acusaron que Roberto Rodríguez y Ethel Maldonado tomaron un acuerdo para decidir a cuál magistrado se dirige un determinado asunto.
“La justicia debe ser imparcial y ellos sesionan sin contemplar como establece la Ley, los tres magistrados, sesionan solamente dos y modifican y hacen un acuerdo para que puedan caer los asuntos en litigio con los magistrados que ellos decidan, imagínense la gravedad”, destacó José Luis Garza.
“La pauta que hay en Nuevo León es que no se respete la Ley, no se respete la división de poderes, por lo que deben sometrse a juicio politico, inhabilitarse y retirarse del cargo”, exigió el también dirigente estatal del PRI.
“Nos parece muy grave que solo dos magistrados, por órdenes de quién sabe quién, quieran que los asuntos que tienen que llegar y tienen que ser de conocimiento de todos los magistrados, que ellos quieran decidir quiénes si pueden tener conocimiento de esos asuntos”, dijo por su parte Annia Gómez.
La tendencia en Nuevo León es que pareciera que con un gobierno autoritario que no le gusta cumplir ley, tendencia es que nadie cumpliese la ley, como lo hacen seguido Samuel García, coincidieron los legisladores federales.
Señalaron que ambos funcionarios sesionaron sin quórum legal en Sala Superior y emitieron un acuerdo general donde le quitaron facultades a la Tercera y Cuarta Sala del TJA, limitándolas a sólo conocer de juicios orales, con lo cual violan la Ley aplicable y afectan gravemente la impartición de Justicia Administrativa en el Estado.
Además, Ethel María Maldonado Guerra contrató indebidamente a su hijastro y la novia de este, lo que motivó también, su desafuero y una imputación penal en su contra.
Recordemos que la Magistrada está siendo investigada por el delito de “ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades”.
Esto ya que la magistrada formalmente propuso y votó a favor para que su hijastro fuera contratado por el TJA y lo adscribió a su Sala directamente. Obteniendo además un aumento de más del 100% respecto de su trabajo anterior.
Por su parte, Roberto Rodríguez Garza, se ausentó durante los meses de noviembre y diciembre del año 2022, ya que acudió a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, a una carrera de fórmula 1 y al mundial de futbol de la FIFA, situación ampliamente documentada en medios de comunicación y que denota no solo el abandono a sus funciones, a los pocos meses de ser designado, sino también un contubernio con la presidenta de dicho Tribunal que lo solapó.
Lo cual es grave, y es causa de inicio del presente juicio político que hoy presentamos.