Ante la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para que las diputadas locales, Itzel Castillo Almanza, Perla Villarreal Valdez e Iraís Reyes de la Torre, se abstengan de señalar a Bancrea S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como la empresa responsable de los trabajos de desmonte, urbanización y construcción del proyecto denominado “Fraccionamiento San Jemo 360 Sector Águilas”, en el denominado Cerro de Las Águilas, en Monterrey; a lo que el presidente de la Legislatura Estatal, manifestó lo siguiente:

“El pasado mes de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó exhortar a varias autoridades municipales, estatales y federales, a fin de que verificaran las actividades de urbanización y construcción realizadas en el Cerro de las Águilas y el Cerro de las Mitras, así como a detener los trabajos de construcción del complejo habitacional “San Jemo 360”, todo ello por las evidencias palpables de que dichas construcciones conllevan la tala y desmonte desmedido en el referido cerro, afectando aún más el derecho humano a tener un medio ambiente sano”.

“El exhorto aprobado fue en primer término solicitado por ciudadanos afectados por el desmonte, ciudadanos preocupados por la afectación ambiental que representa para todos, es un exhorto 100% ciudadano, y el cual las diputadas Itzel Castillo, Perla Villarreal e Iraís Reyes atendieron con mucho cuidado y respeto; por lo que es un absurdo que ahora se les prohíba atender, porque eso están haciendo, prohibirles cumplir con su atribución constitucional de gestionar las demandas de los la solución de las demandas de las personas neoleoneses”, apuntó el presidente del Poder Legislativo del Estado, el diputado Mauro Guerra Villarreal.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, señala en su artículo 96 fracción XII, la atribución de los integrantes del H. Congreso del Estado de Nuevo León para gestionar la solución de las demandas de las personas neoleonesas. Dicha disposición constitucional, es congruente con lo preceptuado por el artículo 74, el cual advierte a las autoridades que los y las diputadas son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo.

En ese sentido, a nivel federal y local surge la denominada inviolabilidad parlamentaria, una figura que tiene por objeto garantizar la libertad de los representantes populares para atender los reclamos ciudadanos, pues mediante estos mandatos constitucionales se les brinda una garantía que los protege de posibles delitos de honor (injuria, calumnia, difamación) que pudieran adjudicárseles por la expresión de sus ideas.

“Condeno la censura que el juzgado está realizando en contra de las diputadas de este Poder Legislativo Estatal, todas y todos los que integramos esta legislatura tenemos el derecho de señalar lo que está mal, y aún más sí esos señalamientos son el eco del reclamo de los ciudadanos que representamos desde nuestros cargos públicos”.

“Como ya lo hice desde el pasado 15 de diciembre del año en curso, el Congreso Estatal rindió el informe conducente ante el Juzgado Primero de Distrito, señalando la constitucionalidad del exhorto aprobado, y tengan por seguro que seguiré promoviendo la eliminación de esta censura de la que están siendo objeto las diputadas. Esta Presidencia seguirá velando por el respeto irrestricto al derecho de los y las diputadas para emitir opiniones libres y directas”, finalizó el presidente Mauro Guerra Villarreal.